Zona franca capitalina, base de contrabandistas

Martín Correa – Rivera

De acuerdo a lo expresado por sus jerarcas, José Lauro Noguez y Wilson Demazio, estas operaciones ilícitas eran accionadas en la frontera Bagé-Aceguá, San Pablo, Porto Alegre y Santa Victoria de Palmar y Chuy, con gananacias multimillonarias en dólares.

Al respecto, el diario Zero Hora de Porto Alegre, en su edición de ayer publicó un extenso informe mencionando a los policías involucrados en la «mercobanda del contrabando»: delegado Jairo Gacenote y el titular en su escribanía Francisco Vacca, detenidos por sus colegas.

Toda esta operación, sobre la cual LA REPUBLICA ha venido informando, comenzó a principios de la semana pasada luego de que en Cerro Largo, la Policía local detuviera a seis camiones cargados con chips electrónicos. El viernes pasado estos camiones fueron liberados y no se descarta que sean apresados en el marco de las pesquisas brasileñas.

En ese país, ya son casi 20 lo camiones detectados y hubo más de 30 personas detenidas. En su momento, tras la comprobación de que Uruguay estaba en la ruta del contrabando, la Policía brasileña pidió a Interpol de Montevideo que investigue la conexión local. Zero Hora explica detalladamente cómo trabajaba la organización.

Las rutas

La organización funcionaba en Montevideo de la siguiente manera, según las investigaciones: un empresario del ramo del comercio exterior adquiría mercaderías en China, Egipto, Corea y EEUU y las transportaba para la Zona Franca de Montevideo, por navío o avión. Los productos eran transportados en semirremolques pertenecientes a transportadoras brasileñas –hacia Río Grande del Sur– sin pagar impuestos. Esa tarea se procesaba en diez camiones que ingresaban por día al Brasil y que representaban alrededor de 400 mil dólares en mercaderías.

En la segunda parte de la operación (Bagé-Aceguá) los empresarios Ademir y Gilberto Linderman, dueños de una empresa de importación y exportación, activaban, indicó el matutino gaúcho, el ingreso de cargas contrabandeadas desde el Uruguay. El abogado Volney Minote Pereira, el empresario Grasir Lima y la empresaria Marlene Acuña Acuña, también recibieron contrabando.

La seguridad del pasaje por la frontera, sin fiscalización ni el pago de impuesto, sucedía mediante el pago de una «propina» de alrededor de 15 mil reales por persona a algunos agentes de la Policía Federal en Bagé, Jofre Antunez Filho, Iriste Chibiaque y Pedro Bortoletto. Ellos, los empresarios y el abogado están detenidos.

En el tramo Santa Victoria de Parmal-Chuy la entrada de los productos contrabandeados sería controlado por los empresarios Luis Carlos Ribeiro, «el gordo», y Pedro Almada Pires. Para el pasaje de la carga, se contaría con la complicidad del policía federal Niquison Evangelista y del técnico de la Receita Federal, Marcelo Vanghon de Araújo, «Marcelinhho», mediante coimas.

Por su parte, el policía civil Edgar Silva escoltaba las cargas ilegales. Las prisiones causaron mucha sorpresa en la frontera, ya que allí estaban los tentáculos de la mega cuadrilla de contrabandistas, siendo el camino de la entrada de la mercadería al país.