"Sólo soy un sicario, estos transportistas eran mulas que le fallaron a la organización y había que eliminarlos"

Durante 8 horas, el juez de la causa, Eduardo Pereira, le tomó declaraciones al policía en la tarde del miércoles. Ayer jueves fueron 9 y el funcionario de Investigaciones se mantuvo en una negativa cerrada, repitiendo una y mil veces que él no tuvo nada que ver con los crímenes.

A las siete de la noche, con las pruebas obtenidas por los directores de Investigaciones de la Jefatura de Canelones, el juez dictó auto de procesamiento contra el policía por dos delitos de homicidio complejo especialmente agravados. Bajo fuertes medidas de seguridad, como ocurrió en la jornada del miércoles, el indagado fue llevado al Juzgado de la Ciudad de la Costa y luego a la cárcel departamental, en medio de toda clase de comentarios sobre las causas de los asesinatos.

El policía fue así procesado por los crímenes del chofer de Raincoop, Edward Cal, ocurrido el 15 de diciembre del año 2004 y del taxista Gerardo Rizzollo, cuyo cadáver fue hallado el 5 de mayo de ese mismo año. El cuerpo del conductor del ómnibus fue hallado en el balneario El Pinar y el del taxista en Solymar. Ambos habían sido asesinados de la misma manera, con un balazo en la nuca casi a «boca tocante», a manera de ejecución.

 

La pistola de las muertes

Las pericias balísticas demostraron que en los dos crímenes a sangre fría había sido utilizada la misma arma, una pistola Glock, usada casi en exclusividad por efectivos del Instituto Policial. Otro taxista, Benítez, también ultimado de forma muy similar entre La Paz y Las Piedras sería la tercera víctima del asesino serial, aunque aún faltan algunos elementos de la investigación que no han podido ser confirmados.

Los investigadores tenían la certeza de que un funcionario policial era el homicida de los transportistas, por lo cual 500 pistolas Glock de todos los policías del departamento de Canelones pasaron por los laboratorios de Policía Técnica para ser analizadas.

Uno de los dos oficiales que realizaron la investigación «a puertas cerradas» tenían la certeza de que el multihomicida era un policía y «rogaban» que fuera de Canelones, porque de lo contrario habría que revisar todas las pistolas Glock del país, que se calculaban en más de 2.500 y el caso se complicaría aún más.

El mismo oficial comentó que precisamente quien luego se comprobaría era el propio multihomicida, se interesó «especialmente» en la investigación de esos casos y que en todo momento mostró «disposición a la hora que fuera, para proceder a interrogar a un sospechoso, ir en busca de un presunto testigo o realizar cualquier trámite relacionado con los asesinatos. Incluso tuvo activa participación en la aclaración de otros homicidios».

Los directores de la investigación «le hicieron la cruz» cuando el policía en cuestión denunció haber sido víctima de una rapiña en la ciudad de Las Piedras. El funcionario dijo en esa oportunidad que un desconocido había intentado asaltarlo y al resistirse ambos cruzaron disparos. Lo extraño del caso era que el supuesto maleante (que nunca apareció) había dejado en el lugar un revólver calibre 32 y se había llevado la pistola Glock del policía, por ello cuando le llegó el turno no pudo entregarla para su estudio comparativo.

El funcionario de Investigaciones por supuesto que pasó a la órbita judicial para aclarar el caso, aunque tampoco allí se pudo probar nada. Además, el policía tenía un roce de bala en su pómulo derecho, una razón más que abonaba el hecho de que el «enfrentamiento» hubiera podido terminar con su muerte.

 

El silencio de radio

La sospecha se convirtió entonces en una certeza, aunque aún les costaba creerlo a los oficiales. Es que no era fácil admitir que su subalterno, que llegaba siempre en hora y no hacía asco al trabajo, además de tener probadas cualidades para desempeñar su tarea, podía ser el asesino serial que tanto estaban buscando.

Entonces los dos jerarcas resolvieron no decirle nada a nadie y sólo dirigidos por el juez, comenzaron una pesquisa silenciosa. Sabían que en algún momento el funcionario investigado había efectuado unos disparos al aire para festejar cuando su cuadro de fútbol ganaba e incluso acudía con frecuencia al polígono de tiro. En forma personal los dos oficiales revisaron varias veces la oficina donde trabajaba, los alrededores de la casa del policía cuando nadie se encontraba en el lugar y el polígono. Fue precisamente en el domicilio de la Costa de Oro, donde los investigadores encontraron dos cápsulas de la pistola que nunca apareció. Rápidamente la llevaron a Policía Técnica para ver si había posibilidad de establecer comparación, aunque no se contara con la pistola Glock. En los laboratorios se hallaron indicios claros que determinaron que las personas ejecutadas habían muerto con balas que se correspondían con las vainas estudiadas.

Fue entonces que los oficiales se pusieron en contacto en el juez en la noche del martes y una vez obtenida la orden fueron en busca de su subalterno. A las once de la noche lo hicieron vestir y el policía no dijo una sola palabra a sus jefes. Algunos minutos después otros móviles policiales se dirigieron a la casa del subcomisario y también lo detuvieron sospechoso de ocultar información, aunque el juez de la causa ordenó su libertad al no encontrar prueba incriminatoria contra él. El silencio del policía asesino complicó aún más al juez que en cierto momento se mostró totalmente desorientado. Aunque al principio el agente negó rotundamente los asesinatos, terminó por quebrarse y confesar los crímenes. Según su testimonio mató por encargue. «Simplemente soy un sicario, no puedo decir nada más. Está en juego mi vida y la de mi familia», dijo el policía visiblemente nervioso. Los investigadores tratan ahora de dilucidar el intrincado caso que aparentemente tendría vínculos con capos mafiosos de la droga. El ahora procesado culminó su breve declaración diciendo que mató a los transportistas porque eran mulas que le habían fallado a la organización para la cual trabajaban.

 

Marcha por Da Cunha

A partir de las 10.00 de la mañana de ayer, una columna de ómnibus se dirigió al Cementerio del Norte donde se entregaron plaquetas recordatorias a las familias de Cal, Silvera, Piaggio y Da Cunha, todos ex funcionarios del transporte asesinados en distintos episodios de violencia. En el acto también se colocó una flor en la tumba de Héctor da Cunha, el hincha de Cerro asesinado a puñaladas el pasado 11 de marzo por barrabravas de Peñarol. Tras el homenaje, que duró aproximadamente media hora, los trabajadores marcharon en los coches rumbo a 8 de Octubre y Bulevar Batlle y Ordóñez, donde culminó la movilización reclamando la zona como «lugar del transportista». *