Gana terreno en toda América Latina el método de castración química de los violadores de niños

En varios países de América Latina, ya existen proyectos de ley para imponer la sanción, bajo la premisa de que el imputado de delitos sexuales esté de acuerdo en someterse al tratamiento.

En Uruguay existe una población reclusa que trepa a los 7.300, de los cuales 1.500 son individuos que purgan condenas por delitos sexuales. Un informante de la Dirección Nacional de Cárceles comentó que «el tema tendría, por lo menos, que ser puesto en la mesa del debate público». Por su lado el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, desestimó la idea de promover una ley en ese sentido, pues cualquier recluso o ciudadano común puede pedir que se le practique una vasectomía. Guillot descartó de plano la posibilidad de que una futura ley permita en nuestro país realizar castraciones químicas a violadores reincidentes sin su consentimiento.

En estos días en Chile, un pedófilo que confesó no poder dominarse cuando ve a un niño, pidió a su abogado que solicite a la Justicia la autorización para que lo castren. En España se cuentan por decenas los violadores que han pedido a través de sus abogados que se les someta a castración química.

Francia, por ejemplo, ha puesto en marcha en noviembre de 2004 un programa piloto de castración química de violadores y pederastas encarcelados. Desde el mes de enero de 2005, 48 delincuentes reincidentes se sometieron a un tratamiento de una duración dos años que inhibe las hormonas sexuales masculinas.

La medida está encaminada a desmasificar las cárceles, ya que el 22 por ciento de los reclusos franceses están condenados por delitos sexuales y el 75 por ciento de éstos son pederastas.

Los pioneros en la materia son los estadounidenses. En setiembre de 1996, California se convirtió en el primer estado norteamericano en aprobar la castración química como requisito obligatorio para que algunos reos pederastas pudieran tener acceso a la libertad condicional.

La castración es opcional para los pederastas primerizos y obligatoria para los reincidentes. En ambos casos, los condenados pueden escoger entre la castración permanente (extirpación quirúrgica de los testículos) y la temporal (inyecciones semanales de Depo-Provera).

Un año después, en 1997, Florida aprobó su ley de castración de delincuentes sexuales reincidentes que quieren acceder a la libertad condicional.

La ley de Florida autoriza a los jueces a condenar a un acusado de delitos sexuales a castración química, que será obligatoria en el caso de los delincuentes sexuales reincidentes (siempre y cuando un informe médico aconseje el tratamiento). El juez determinará la duración del mismo, que puede ser de por vida. Si el condenado deja de recibir el tratamiento, sin autorización judicial, no sólo habrá violado su libertad condicional, sino que habrá cometido también un nuevo delito.

La Asociación Americana de Libertades Civiles consideró que esta ley era anticonstitucional porque el tratamiento hace que los reos se conviertan en virtualmente impotentes, lo que les privaría del derecho fundamental a procrear. Por otro lado, sostienen que esta ley viola el principio que prohíbe juzgar dos veces a un acusado por la misma ofensa.

 

Pedófilo libre, pero…

En la actualidad, Chile se ha visto sacudida por la liberación de un pedófilo que lideraba una red de degenerados. El abogado Gustavo Menares solicitó formalmente a la titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Graciela Gómez, que decrete como medida cautelar la castración química de Rafael Maurerira Trujillo (Zacarach), procesado como autor de abusos sexuales a menores de edad.

El jurista llegó el martes al tribunal para presentar un escrito en este sentido y en el que se exponen los diversos argumentos que avalan este requerimiento, puesto que «se busca salvaguardar la integridad de aquellas personas que fueron víctimas» del líder de la desarticulada red de pornografía infantil Paidos.

Menares también pidió que a Zaracach se le practiquen terapias siquiátricas como una forma de cautelar su buena conducta social.

«Esto a raíz de que él ha declarado que quiere rehabilitarse, y este es el camino para ello», dijo el jurista.

El profesional afirmó que este procedimiento debería ser realizado por el Servicio Médico Legal, por lo cual el fisco debería costear el medicamento con el cual se busca que Maureira Trujillo vea reducidos sus niveles de testosterona (hormona masculina) lo que, teóricamente, dificultaría su excitación sexual y con ello disminuiría la posibilidad de que trate de violentar a otros menores.

El imputado salió hace una semana en libertad provisional, luego de permanecer tres años y medios recluido en la ex Penitenciaria por diversos delitos de connotación sexual. *