¿La cárcel de Guantánamo está en Paysandú?: investigan atrocidades cometidas contra presos

Solicitaron la presencia del comisionado parlamentario del Sistema Carcelario, Alvaro Garcé, y la «urgente inspección y revisión de la política de reclusión», que en Paysandú va a contrapelo de toda Ley de Humanización del Sistema Carcelario.

«Estamos pagando una deuda con la sociedad, pero no se puede vivir en este infierno».

Un día después de producido el motín del 1 de marzo, los presos de la cárcel departamental denuncian haber sido salvajemente golpeados. Algunos permanecerán 90 días en el calabozo de castigo, una pieza de pequeñas dimensiones sin ventanas ni baño, sin contacto con persona alguna, sin tratamiento médico, a pesar de las heridas recibidas. Aplacado el disturbio (que no ha sido el único), la Justicia dictaminó que más de 15 reclusos incurrieron en daños al Estado, perturbación del orden y lesiones personales. Este fallo profundiza las diferencias entre la población carcelaria y los funcionarios policiales.

Solicitan que también las autoridades carcelarias sean investigadas. En la cárcel de Paysandú, tantas veces proclamada como modelo, la impunidad parece ser absoluta y funciona bajo el régimen del garrote. Cuando varios legisladores afirman con total seguridad que las consecuencias de la aplicación de la Ley de descongestionamiento del sistema carcelario son funestas, no se los ve defender con tanta pasión la necesidad de un cambio urgente para rescatar a los ciudadanos privados de su libertad y pagando con creces sus errores. Esas son algunas de las reflexiones de una extensa carta firmada por los reclusos y entregada a LA REPUBLICA. Denuncian la falta de capacidad y profesionalismo del Director y de los funcionarios a la hora de buscar soluciones o alternativas frente a las dificultades.

 

«Palo pa’ que aprenda»

El motín del miércoles 1 de marzo no habría nacido de la nada. Fue producto entre otras cosas, de la desesperación ante la impotencia por evitar los abusos y las condiciones infrahumanas en las que permanecen. Los reclusos opinan que los medios sólo hablaron del desacato, de los destrozos y de agentes heridos, pero «no dan a conocer el uso excesivo de la fuerza física por parte de los policías. Tampoco de que rompieron el teléfono público instalado en el interior de la cárcel, de sanciones, castigos, aislamiento hasta por 90 días y traslado de algunos de ellos al Penal de Libertad o al Compen».

Pero el relato escalofriante tiene que ver con lo sucedido un día después del motín, el 2 de marzo, bajo la cochera del establecimiento y ante la mirada de los reclusos Ricardo Petresini, Marcelo Pyñeyro, Nino Noguera, Johnatan Cerrudo y otros.

Relatan que «el oficial Curbelo, el comisario Pereira, el subjefe de Policía, el equipo de seguridad y el de apoyo, empezaron de entrada a «darles garrote», reduciendo y esposándolos. Un vez apaleados brutalmente les bajaron los pantalones, les introdujeron los dedos en el ano mientras los insultaban diciéndoles: «No miren, ratas inmundas. ¿Les gusta el motín? Ahora van a ver; aquí mandamos nosotros». La carta revela la existencia de otros casos de violaciones a las leyes y uso de la violencia. Uno es el del recluso apodado «El Rochense», que padeciendo problemas siquiátricos, no era medicado. Ante su insistencia para que se le suministren la medicación, «fue reducido con un proyectil de una escopeta en el patio, para luego ser brutalmente golpeado» por el oficial Píriz, el agente Daniel Chussisman, un oficial apodado Zapallito», afirman. Fue trasladado al Penal de Libertad.

El segundo caso sucedió en noviembre de 2005, tras descubrir un intento de fuga en el pabellón 5. Los tres reclusos involucrados fueron apaleados, insultados y amenazados frente los que comparten el mismo pabellón. Los reclusos aseguran que los abusos comienzan en las comisarías, cuando los obligan a permanecer 48 horas en calabozos oscuros, mojados y obligados a hacer sus necesidades fisiológicas dentro del mismo, sin comida ni agua. «La Policía usa diversas técnicas para obligar a contar lo que uno ha hecho o de lo que es sospechoso», relatan. Afirman que es en la Comisaría 1ra. donde más se practican estos desmanes. Si bien lo han denunciado ante el juez y el fiscal, «no tenemos credibilidad. Le dan prioridad a la Policía que usualmente aseguran que tuvieron que reducirnos por desacato e irrespeto a las autoridades». Piden que el garrote y las balas de gomas «sean usadas en última instancia, cuando se agotaron los métodos disuasivos, que deben suspenderse una vez que se controlen los desacatos».

Los familiares se encuentran preocupados por varios motivos; no se enteran del estado de salud en que se encuentran, lo que genera una visible y lógica angustia contenida. Se preguntan en qué manos quedará la yerba, el azúcar, los cigarros. La mayoría carece de recursos económicos, por lo que la compra de los productos les significa un enorme esfuerzo. Por otra parte, los reclusos alojados frente a la guardia carcelaria afirman ser «testigos oculares del robo de verdura y carne destinados a nuestra alimentación por parte de los policías». Concluyen que tal cosa -además de ser ilegal-, genera deficiencias en la dieta, «afectando a aquellos condenados a largas penas o que tienen enfermedades gástricas, anemia, infecciosas, siquiátricas y crónicas». Agregan que no reciben medicación específica, sino la que apacigua el dolor temporalmente, caso de Novalgina o Perifar. Aún habiendo una huerta cuya producción debería ser destinada a la cárcel, así como un matadero, reciben «rutinariamente una porción de fideos o polenta llena de grasa, sal, condimento y huesos pelados».

La cárcel tiene una panadería pero lo producido se vende al exterior. Los presos sólo reciben «una galleta dura, sin sabor ni valor nutricional», como ellos mismos aseguran. Hay solo un médico para 220 presos y no concurre diariamente. Cuando lo hace, atiende a 5, por lo que la mayoría de ellos quedan postergados para visitas futuras. ¿Y si padecen una enfermedad que requiera tratamiento o seguimiento, qué sucede? Si les receta algún medicamento específico, generalmente no lo encontrará en el hospital. Y están los discriminados por su condición económica. Además de que no existen programas de rehabilitación «como talleres de trabajo que lleven a utilizar el tiempo en algo útil y productivo», afirman que sólo el 10% accede a los de Carpintería, Herrería y Panadería.

Un 10% son analfabetos y el 30% no terminó Primaria pero no existe un programa que los rescate.

La presencia de LA REPUBLICA en las sesiones de la Junta Departamental puede corroborar que una carta similar a la que está en nuestro poder, se entregó al presidente del cuerpo el profesor Walter Caraballo y fue mencionada en los informes de presidencia al inicio de la sesión ordinaria del pasado viernes. *