La corrupción se extendió como gangrena en la elitista Marbella

Marbella, elitista balneario de la Costa del Sol, cuyo gobierno municipal será disuelto por una decisión inédita del ejecutivo español, es centro de complejos entramados de corrupción que se han extendido como una «gangrena» desde tiempos del alcalde populista Jesús Gil.

La ofensiva judicial que comenzó la semana pasada con el ingreso a prisión incondicional de la alcaldesa Marisol Yagüe y continuaba con la libertad bajo fianza de 20.000 euros y con cargos para el jefe de la policía local, Rafael del Pozo, no sorprendió a nadie en esta lujosa ciudad de la costa mediterránea. Al iniciar el procedimiento para disolver el consistorio municipal, por primera vez en la historia de la democracia española, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero calificó la gestión del gobierno marbellí de «gravemente perjudicial para el interés general». En la actualidad, de los 27 concejales, nueve están involucrados en delitos inmobiliarios, cuatro están en detención preventiva incondicional por corrupción, entre estos la teniente de alcalde Isabel García Marcos, ex edil socialista y ferviente opositora de Gil, y cuatro renunciaron luego de haber sido condenados por delitos vinculados al urbanismo, según una fuente judicial. El juez Miguel Angel Torres acusa a Juan Antonio Roca, asesor municipal de Urbanismo y presunto «cerebro» del sistema de corrupción descubierto, de haber recalificado el valor de suelos destinados a edificaciones sociales o a espacios verdes protegidos, a cambio de sobornos que luego blanqueó mediante reinversiones en el sector inmobiliario a través de una red de sociedades pantalla.

El gobierno regional de Andalucía afirma que en Marbella existen unas 30.000 viviendas ilegales y por ello presentó 400 demandas contra autorizaciones de construcción. *