En Dolores están enojados: los pobres van a las cárceles y los ricos a la comisaría y a su domicilio

Días pasados la Justicia Letrada de Dolores procesó con prisión a dos individuos por una violación a la Ley de Prenda. Un delito económico de alto valor y que terminó provocando los comentarios de la población ya que ambos fueron alojados en la Comisaría 5ª de esa ciudad y no en la Cárcel Departamental como muchos esperaban.

Críticas que apuntaban a la autoridad policial y judicial donde se indicaba que como se trataba de dos personas de cierto nivel económico no se dispuso que cumplieran su condena en la Cárcel Departamental. Los colegas del diario Acción de Mercedes entrevistaron al fiscal letrado de Dolores, Dr. Fernando Romano, quien recordó que es la autoridad policial quien determina dónde pasan a alojarse los reclusos, al tiempo que hizo algunas puntualizaciones sobre este caso. El representante del Ministerio Público catalogó como «un buen mensaje que estamos enviando desde el sistema judicial a toda la población» el hecho de que se registrara estos dos procesamientos ya que se trataba de una defraudación al Estado por una cifra importante. Recordó que quien determina dónde deben cumplir la reclusión los procesados es, en este caso, la Jefatura de Policía de Soriano.

En ese sentido acotó «me hago responsable de lo que estoy diciendo, no es en este ámbito, el judicial, donde se determinó en qué lugar deberían cumplir la pena preventiva».

 

Las vaquitas son ajenas

LA REPUBLICA pudo conocer algunos detalles más de este sonado caso para la ciudad de Dolores y su zona de influencia, y que se ha convertido en el comentario popular, fundamentalmente tras que se produjera el fallo judicial. Según se pudo saber los hechos se remontan a por lo menos seis años, cuando los dos propietarios de una SRL de la ciudad de Dolores solicitaron un crédito al Banco República para capitalizar un campo que habían arrendado.

Dicho crédito ascendía a 300 mil dólares aproximadamente, algo que le permitiría capitalizar este campo ubicado entre Dolores y el Balneario La Concordia, prendando para ello diferentes maquinaria agrícola y 3.752 cabezas de ganado.

Aparentemente, según adujeron después los dos responsables de esta SRL, los negocios no dieron los frutos que esperaban, a lo que se le sumó la crisis suscitada a raíz del brote de aftosa que afectó al país en el año 2002, lo que les impidió cumplir con las obligaciones con el Banco República.

Pero, paralelo a ello comenzaron a vender los animales, por lo que cuando el Banco República presentó la denuncia en procura de cobrar la deuda, se encontró que en dicho campo no quedaba nada de las 3.752 cabezas de ganado que figuraban como prendadas en garantía.

El 20 de febrero pasado la Justicia Letrada de Dolores procesó con prisión a estos dos hombres al constatarse la violación a la Ley de Prenda, en un delito económico que rondó una cifra superior a la mencionada. El Dr. Fernando Romano, fiscal letrado de Dolores, puntualizó que «desde el año 2002 hemos mantenido el mismo criterio de procesamiento y prisión a aquellos delitos de violación de la ley de prenda, cuando se entienda que los montos que se defraudan al Estado son importantes».

 

Oportuna y precisa

Hasta ahí todo discurrió con normalidad, pero las críticas y comentarios comenzaron a surgir cuando se conoció que los dos procesados cumplirían su condena en la comisaría de Dolores y no en la Cárcel Departamental y que incluso uno de ellos cumpliría su condena en su domicilio. En comunidades chicas como la de la ciudad de Dolores, el comentario no se hizo esperar, recurriendo al viejo refrán del Martín Fierro que dice «el que tiene padrinos…», o «que no se le da el mismo trato a un delincuente común que a uno de guante blanco». El Fiscal de Dolores se encargó de reiterar que no es en la órbita judicial donde se determina en qué lugar se alojarán los procesados.

En tanto el jefe de Policía de Soriano defendió la determinación adoptada por la autoridad policial, manifestando que no existió un trato diferencial.

En diálogo con LA REPUBLICA el inspector principal (r) Julio Martínez, jefe de Policía de Soriano, defendió la decisión, catalogándola como «oportuna y precisa», ya que «el médico forense determinó que no sólo no podían estar en la cárcel» por un problema de salud de uno de los procesados y que fue «el juez mismo quien lo mandó para la casa. La persona está cumpliendo la reclusión en la casa».

Martínez recordó que lo habitual para la Policía al recibir un procesado es evaluar sus capacidades, donde se toma en cuenta «el tipo de delito, y la peligrosidad de la persona», pero que no hay favoritismos de acuerdo a su posición social o económica. Para Martínez el trato dado por la policía a los reclusos «es igualitario», remarcando que en este caso quien dictaminó que uno de los procesados cumpliera su condena en el domicilio fue la justicia doloreña y no la autoridad policial.

Un caso que sin dudas ha suscitado, y seguirá generando muchos comentarios. *