Funcionario del BROU a la cárcel por usurero, prestamista y por utilizar información privilegiada en provecho propio

Todos «negocios»  éstos-, «muy lucrativos… y tan ilegales como inmorales», han manifestado otros funcionarios del banco, ex compañeros del ex funcionario, que en forma reservada aunque decidida, revelaron a investigadores y periodistas la información y testimonios necesarios para enviar finalmente a este hombre tras las rejas.

El caso es conocido en detalle por la población de San José y en particular por la de Villa Rodríguez; villa ubicada a pocos kilómetros de la capital maragata. Allí fue enviado el ahora ex funcionario bancario, con el cargo de gerente, como «castigo» tras descubrirse sus primeros manejos. Las indagaciones por las sospechosas actividades de JMPE -poseedor actualmente de «una fortuna» según versiones de los mismos funcionarios-, comenzaron en 1996. Por entonces la cosa quedó allí. Dos años más tarde la historia se repitió y pese al convencimiento general de los funcionarios (hoy jubilados), que llevaron adelante la investigación administrativa de que el acusado era culpable de enriquecimiento ilícito por utilizar «información privilegiada en provecho propio», nada pudo hacerse ante la inexistencia de pruebas fehacientes. «En realidad lo protegieron sus vinculaciones políticas», aseguraron fuentes estrechamente vinculadas al caso a LA REPUBLICA. Pero como el asunto trascendió públicamente, estas mismas vinculaciones «decidieron ponerlo en penitencia», agregan. Así fue a parar a Villa Rodríguez, desde donde «continuó tranquilamente con estas prácticas (…) pero esta vez sus vinculaciones políticas no le sirvieron» y al fin el asunto culminó con la denuncia penal del propio Banco contra su ex funcionario.

Horas atrás, la jueza letrada de Primera Instancia de 1er. Turno de San José dispuso: «Procesamiento con Prisión para JMPE, imputado de la comisión de un delito de utilización de información privilegiada a título de autor». Se le envió a la Cárcel Central Departamental de San José, pero ha trascendido que enseguida fue derivado a «la chacra», centro de reclusión privilegiado de San José, donde los presos que se destacan por su buen comportamiento tienen posibilidades de pasar tiempo al aire libre, cumpliendo distintas actividades. Esta derivación tiene muy descontentos a muchos vecinos maragatos que se comunican con los medios locales para manifestar que «a los delincuentes de guante blanco», en este país, se les mide con una vara bien distinta «a la que se mide a los delincuentes comunes».

En cuanto al volumen de la fortuna de este hombre, las versiones apuntan a que hoy muchas de sus propiedades están a nombre de familiares y una mujer en particular, lo que vuelve muy difícil conocer a cuánto asciende en realidad su patrimonio.

JMPE fue procesado por aplicación del artículo 163 bis del Código Penal, figura que implica que el delito es excarcelable. La condena posible va de 3 meses a 3 años de prisión, si se aplicara el artículo 25 de la Ley 15.322, más conocida como «secreto bancario». Un punto importante para el futuro juicio depende de que existan o no pruebas de que el acusado efectivamente utilizaba información privilegiada a la que naturalmente accedía por su labor. Así se configuraría el delito de «conjunción del interés público con el privado».

Cabe puntualizar que el préstamo de dinero entre particulares no configura delito por sí, si no se cae en la usura, extremo este último muy difícil de probar. Justamente, se trata de que no haya documentos que permitan a la Justicia contar con las pruebas necesarias para atrapar a los usureros. *