Los 20 ediles procesados en Rivera se mandaron el gran asado en la cárcel y los presos enloquecieron

En una carta firmada por 102 reclusos alojados en la cárcel de Rivera quedó de manifiesto el malestar por la decisión judicial de incorporar a los ediles procesados a la «Granja», un lugar mucho más tranquilo y confortable que la cárcel departamental. Los presos dijeron que muchos de ellos habían reclamado el traslado «para trabajar donde se renuncia a todo peculio o beneficio que se pueda obtener». También dijeron que «resulta que ahora estos señores están bien tranquilos, por eso queremos saber cuál es la ley que los ampara», ya que mientras los hombres fueron trasladados al recinto agrario, que se sitúa en jurisdicción de la Seccional cuarta, las dos damas procesadas permanecen en el recinto carcelario.

 

Un asado frustrado

El desparpajo de los ediles procesados llegó al límite cuando se tomó conocimiento de que, el mismo día en el que fueron trasladados, no tuvieron mejor idea que organizar un gran asado. El festejo por el «nuevo domicilio» fue advertido por vecinos de la zona, los que de inmediato lo denunciaron a un programa radial, hecho que causó una verdadera conmoción popular. Las manifestaciones de descontento llegaron a oídos del jefe de Policía, quien ordenó el inmediato traslado de los recién llegados a la Cárcel departamental, con excepción de alguno que se encuentra recluido en una comisaría, tal el caso del ex-edil Mello. En tanto que las dos mujeres procesadas se encuentran alojadas en el sector destinado a las reclusas al lado de la cárcel central.

Lo cierto es que la Cárcel Departamental se encuentra absolutamente desbordada en su capacidad locativa, lo que ha motivado que los ediles procesados se encuentran alojados junto a un grupo de ex policías procesados por contrabando.

 

Continúan las investigaciones

La Justicia Penal de 1er. Turno continúa con la investigación en torno a un caso que adquiere ribetes de verdadero escándalo. El doctor Federico Alvarez Petraglia comenzó a citar a los funcionarios de todas las estaciones de servicio existentes en el departamento y se anuncian a partir de ahora, pericias caligráficas a las que se deberán someter casi 90 personas.

El objetivo es poder probar la adulteración de facturas y la confección de las que eran recibidas en blanco para poder demostrar el grado de responsabilidad, ya sea de los procesados como también de otras personas que deberán presentarse ante el magistrado. En fuentes judiciales se tiene la convicción de que esto sucederá gracias a lo declarado por la señora Teresa Alvez, quien admitió que fraguaba las declaraciones juradas que presentarían los ediles del Partido Nacional, y que gran parte del dinero recibido era utilizado para el pago de gastos de comité. De confirmarse este hecho, la situación de los procesados pertenecientes al Partido Nacional se podría agravar, al punto de que se les tipificaría «Asociación para delinquir», por entenderse, de acuerdo con lo que manifiestan en el departamento, que «robaban para la corona».

 

¿Trasladan al juez de la causa?

En las últimas horas y cuando se aguarda la dilucidación de las nuevas actuaciones, como así también la presencia en la Sede de nuevos convocados, algunos en carácter de testigos, como el ex secretario general Roberto Da Costa, ha corrido el rumor en el departamento de un posible traslado del juez de la causa. Esto ha causado reacciones encontradas, ya que mientras los abogados de los procesados piensan que un nuevo magistrado podría significar un cambio a favor de la situación de sus defendidos, otra parte considera que el cambio enlentecería las investigaciones de un caso que tiene miles de folios. *