"Pesados" del Penal de Libertad le piden dinero a Curi para "protegerlo"; su traslado es inminente

Como lo había adelantado LA REPUBLICA, al ingresar al Penal de Libertad, Curi lo hizo con el rango de «asesino de policías», además de ser considerado como un hombre poseedor de cuantiosa fortuna. Ambas «condecoraciones» estaban en la mente de varios de los policías riverenses que prestan servicio en el Penal, quienes aparentemente se lo habrían comentado a los presos de extrema peligrosidad. La actitud del empresario y las pruebas que se han ido acumulando ponen en duda la imputación criminal, empero la creencia de su potencial económico persiste y entonces comenzó el acoso en forma sostenida. Los insultos, las amenazas de muerte, los pedidos permanentes de un dinero que, de una u otra forma tenía que llegar, han provocado una situación de latente inseguridad dentro del ala donde se encuentra alojado, que pretende ser solucionada por las autoridades, según fuentes judiciales.

De acuerdo con lo manifestado por el director de Relaciones Públicas de la Dirección de Cárceles, inspector Juan Carlos Duré, el preso debe cumplir su condena en el departamento donde fue juzgado, quedando tal situación a consideración del Ministerio del Interior, en el caso el jefe de Policía de Rivera. El inspector Juan Carlos Soto, debido a la «alarma pública» causada por el caso, sumado al elevado número de presos existente en Rivera (más de 230), en una cárcel que puede albergar a 80, entendió conveniente el traslado de Curi a otro establecimiento, motivo por el cual se lo alojó en Libertad.

 

La defensa acelera el paso

La defensa del empresario, que en las próximas horas será asumida por la doctora Alejandra Carballo, ante el tenor que ha tomado la situación, se habría entrevistado con el juez de la causa, doctor Mijhail Rottas y el jefe de Policía de Rivera, quienes, según trascendió, habrían entendido conveniente la solicitud del traslado de Curi.
Numerosos datos se han sumado al ya voluminoso expediente, muchos de los cuales, al entender de la defensora, serán de suma utilidad para demostrar la falta de pruebas que demuestren la participación de Joaquín Curi en el homicidio de los policías Ronaldo Almeida y Leonel Ilha Da Silva.

La declaración de Clea Villagrán, esposa de este último, manifestando que quien la había llamado era Walter Pereira, diciendo que hablaba de parte de Curi, citándolo para que concurriera al fatídico galpón de la calle Uruguay, la transcripción de las escuchas telefónicas en las que Curi en ningún momento se refiere al homicidio de los policías en ocasión de su viaje a Miami y la aparición en escena de un abogado brasileño de nombre Luciano Fischer, quien declaró oportunamente al respecto de la relación de Ricardo Guimaraens, alias «Wellington» o «W», u «Hospede», como era conocido por la mafia brasileña, con el empresario José Antonio Martins, alias «Grande», con quien mantenía permanentes reuniones en el Hotel Sheraton de Montevideo, son algunos de los datos que obran en poder de LA REPUBLICA.

Esto confirma la versión de que Guimaraens (el sicario) operaba desde hacía ya unos cuantos meses en Montevideo, alquilando un apartamento en la zona del Buceo (el propietario ya fue interrogado por Interpol), y cuyo alquiler y gastos personales eran abonados por Curi.

En el expediente judicial Curi lo reconoce, a través de siete giros mensuales, que luego le eran reembolsados por Cándido, hoy preso en Porto Alegre. Esto pone a Guimaraens trabajando para la organización, que también operaba en Montevideo, y reafirma la tesis de que serían varias las personas que podrían haber dado la orden de «apagar» a los policías, al momento que el sicario recibió la orden de trasladarse a Rivera.

 

¿Y la Federal brasileña?

En ocasión de su viaje a Miami, obsequiado por una importante distribuidora y representante de marcas, Joaquín Curi, junto a su familia, que por ese entonces vivía en Livramento, hizo el trámite correspondiente para registrar su salida del país, al cual regresaron el 30 de julio de 2005. Curi declaró en sede penal que se olvidó de presentar el documento que acreditaba su regreso al país, presentándose ante la policía federal el 29 de octubre. A esa altura, ya se presumía el desenlace fatal con respecto a la suerte de los dos policías brasileños y de acuerdo con lo declarado ante la propia Federal brasileña, el nombre de Curi y su responsabilidad en el doble crimen. Además la Policía Federal sabía desde siempre su participación en el contrabando de whisky, incluido el viaje cuya carga fue secuestrada por la Policía Civil, operativo en el cual fueron detenidos los policías asesinados. Entonces por qué no fue detenido por la Federal. El contrabando es considerado un delito federal y dicho cuerpo policial no podía estar al margen de los acontecimientos que se sucedían desde hacía años. En los expedientes de la Justicia norteña figuran nombres de policías brasileños (Massaqui uno de ellos), y de acuerdo con lo que figura en las declaraciones de quienes fueron detenidos por la policía del vecino país, eran muchos los involucrados, incluso mencionándose a un «brigadiano» (Policía Militar), quien en una hoja membretada de la propia Brigada, le habría dejado al policía Ronaldo Almeida, el día y la hora en que lo esperaban en el galpón de Uruguay. La tarea de Guimaraens, o «Hospede», como lo conocían los brasileños, era ser el nexo entre los capitalistas y la policía brasileña, debiendo «restablecer el orden», que se había visto alterado con la detención primero de Almeida e Ilha Da Silva y con las maniobras extorsivas que los mismos realizaban, incluidos robos de mercaderías. Para ello, el asesino comenzó a viajar en forma periódica desde Montevideo, para luego, y de acuerdo con lo que figura en el expediente, informar que se instalaría en Rivera, solicitando un auto y una casa para vivir. La casa no pudo ser por diversos motivos, por eso vivía en dos hoteles en forma alternada y el auto fue el mismo Verona usado para trasladar los cuerpos de los policías el día que decidió asesinarlos. *