Senadora Percovich investiga denuncia publicada por LA REPUBLICA sobre el secuestro de un niño

La noticia fue publicada por LA REPUBLICA el pasado 18 de enero y de inmediato la legisladora frenteamplista encomendó a una de sus asesoras el estudio del caso, al tiempo que no descarta realizar un pedido de informes a los distintos organismos involucrados en este asunto.

Percovich viene trabajando intensamente en varios casos de adopción de menores, debido a que entiende que no se están interpretando correctamente los capítulos del Código de la Niñez y la Adolescencia relativos al tema. En diálogo con nuestro matutino, no descartó que en un futuro pueda promover una modificación a la referida norma.

Tras la reunión ambas partes acordaron mantenerse en contacto y esperar para ver si surgen novedades del caso. En los próximos días comenzará la investigación para tratar de determinar si puede darse marcha atrás en un caso que dejó a una familia prácticamente arrasada. Las fuerzas y las ganas por luchar continúan pero la familia reconoce que «el golpe fue casi fulminante». La senadora se comprometió en brindar todo el apoyo posible y en estudiar minuciosamente el caso.

Según publicó nuestro matutino, la madre y la abuela vienen librando una dura batalla legal desde hace tres años procurando el reintegro del niño a su hogar natural, después que fuera «sacado por la fuerza» de su domicilio de Barros Blancos en un patrullero de la Seccional 25ª de Canelones. Según los familiares del niño, el vehículo irrumpió sorpresivamente en el lugar y una funcionaria policial, aduciendo tener una orden judicial, se llevó al niño y lo entregó en adopción a una pareja de Las Piedras, en un procedimiento que aún hoy tiene muchos puntos confusos.

Madre y abuela sostienen que también el procedimiento judicial fue totalmente irregular, viciado de nulidad y carente de garantías e imparcialidad. Denuncian que la sede ha demostrado una evidente pasividad, «entorpeciendo» la tramitación del expediente de restitución.

 

«Dudoso procedimiento»

Todo comenzó durante la mañana del 1° de noviembre de 2002, cuando Ana María Ruiz de Agüero se encontraba cuidando a su nieto Agustín Sebastián, de siete meses, en su humilde hogar ubicado en la Ruta 8, kilómetro 25 en la zona de Barros Blancos. La madre no vivía con el niño y se lo había dado en custodia a la abuela.

Aproximadamente a la hora 11.00 un patrullero frenó abruptamente frente al domicilio. Una policía femenina perteneciente a la Cárcel de Canelones bajó uniformada y profiriendo amenazas ingresó intempestivamente a la vivienda pidiendo a gritos llevarse al niño. Otro policía también uniformado, perteneciente a la Seccional 25ª de Canelones, permaneció al volante de la unidad.

La mujer policía reclamó airadamente la documentación del bebé, cédula de identidad, partida de nacimiento, carné de asistencia y vacunas, argumentando que iba «a ser entregado en adopción por orden de un juez».

La abuela y el niño fueron trasladados en el patrullero hasta la Defensoría de Oficio y luego se realizó una rápida audiencia en el Juzgado Letrado de Pando de 4º Turno. Cuando llegaron a esa ciudad canaria, la señora fue esposada a un banco de la plaza principal, custodiada por policías, mientras aguardaban la hora de apertura del juzgado letrado.

Una vez que ingresaron a la sede, se celebró una rápida audiencia, sin que se permitiera la presencia de abogados de la familia Agüero, según denunciaron las familiares del menor.

 

«Saltaba de júbilo»

La madre del niño resumió la situación en una denuncia presentada posteriormente al juzgado, donde señala que mediante «engaños, estratagemas, abusos y violencia física despojaron violentamente a mi hijo de los brazos de su abuela», para entregarlo a un «matrimonio desconocido». Sostiene que «el juez de Familia abusó de su cargo, no cumplió con los preceptos de igualdad de las partes en el proceso y no actuó con imparcialidad».

En el documento agrega que una vez culminada la audiencia donde se entregó el bebé en adopción, la funcionaria policial que ejecutó el procedimiento «festejó la firma del acta con júbilo y a los saltos».

Desde ese momento y hasta el presente, la familia biológica ha luchado incansablemente por recuperar al niño. Incluso, la abuela ha recibido amenazas de muerte de distinto tenor para que abandone el caso. Una de las provocaciones ocurrió hace poco tiempo, cuando volvía del juzgado de Pando. Al bajar del ómnibus en la Ruta 8, próximo a su domicilio, fue interceptada por un patrullero conducido por el mismo efectivo que había estado en el procedimiento en su hogar el día del secuestro.

El policía la insultó y la amenazó para que abandone su lucha ante la Justicia. *