Destituyeron a un comisario, un oficial, un sargento y dos agentes de la Seccional 17ª

En forma paralela a nivel judicial se sigue investigando el caso del agente muerto de un tiro en la cabeza, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta policial, debajo de un puente. El hecho se registró a mediados del año 2003 y en un principio de pensó en un suicidio, teoría que luego se revirtió y la Justicia comenzó a investigarlo como «muerte dudosa».

Para ello, el comando de la Jefatura de Montevideo dispuso que el Departamento de Operaciones Especiales llevara a cabo la investigación. Sus funcionarios procedieron a la detención de varias personas, entre ellos los dos policías y dos militares, pero todos recuperaron la libertad. En las últimas horas, incluso, hubo un careo entre todos los indagados, el cual no arrojó resultados procesales.

La muerte de Fernández llamó la atención porque se produjo pocos días antes de su comparecencia en un Juzgado Penal donde denunciaría a varios de sus compañeros de la seccional por casos de corrupción y por la muerte de un delincuente a quien «le plantaron un arma».

Sin perjuicio de la indagatoria judicial, el jefe de Policía Ricardo Bernal ordenó un sumario administrativo para todos los funcionarios que prestaban servicio en la comisaría de Pedro de Mendoza.

Concluido el sumario, Bernal elevó un oficio al Ministerio del Interior en el cual pedía la destitución de dos oficiales y tres subalternos «por graves faltas administrativas». La Sección Jurídica de dicha Secretaría de Estado estudió los expedientes y los elevó, con decisión adoptada, a la Oficina Nacional del Servicio Civil que convalidó las destituciones de los funcionarios, bajo la firma del presidente del organismo, Miguel Angel Toma.

Jerarcas del Comando de la Jefatura de Policía de Montevideo quisieron dejar bien en claro que estos sumarios que concluyeron con la destitución de los funcionarios corre por cuerdas «absolutamente separadas» de la investigación judicial que se está desarrollando en torno a la muerte del agente Fernández.

Se dijo, asimismo, que las remociones obedecieron a diversas irregularidades «de carácter administrativo» que el Instituto ha considerado de suma gravedad. *