
La información habÃa sido publicada por LA REPUBLICA en la edición del pasado 1º de setiembre, advirtiendo que un abogado montevideano tenÃa el dinero para planificar la escapatoria antes de la extradición del recluso.
El ministro informó que un grupo especial, integrado por efectivos de varias dependencias y encabezado por el director de Interpol, inspector Carlos Campos, está trabajando “full time” en procura de la recaptura del narco israelà y del Julio Walter Guillén (a) “Cotorra Loca”.
DÃaz dijo que “tenemos una crisis severa en materia de hacinamiento y una situación heredada muy difÃcil en materia de tratamiento y seguridad interior en las cárceles, en función de la duplicación de la población carcelaria en los últimos 10 años y la falta de recursos”.
“Pero este acumulado de desatinos durante tantos años, no se puede pretender arreglar en poco tiempo”, opinó.
“Nos va a costar algunos años poder tener la polÃtica criminal por un lado y el sistema penitenciario por otro, propios de un paÃs moderno, de un Estado de derecho y de una democracia polÃtica como la nuestra”.
“TodavÃa estamos en la pelea por superar la crisis humanitaria y mejorar la situación del personal penitenciario, dotándolo de la calidad y del número adecuado para poder brindar correctamente el servicio”.
El ministro dijo que la fuga de los dos reclusos se realizó utilizando una “vÃa intelectual”, manejando llamadas telefónicas y documentos para que pudieran abandonar el establecimiento sin ningún tipo de violencia. “Esto pone en evidencia gravÃsimas responsabilidades del personal actuante”, aunque prefirió no adelantar ningún tipo de detalles hasta que concluya la investigación interna y la indagatoria judicial.
Consultado sobre la existencia de 250 mil dólares para ejecutar la fuga, el secretario de Estado señaló: “Algunas Direcciones Nacionales especializadas en la materia y relacionadas con los servicios de cooperación internacional, sà tenÃan esa información y estaban trabajando denodadamente, sin haber llegado hasta la fecha a saber con certidumbre su veracidad. Pero efectivamente la información sà la tenÃan algunas de nuestras Direcciones Nacionales”. El ministro dijo que “cuando se tienen en establecimientos penitenciarios, en Uruguay y en cualquier parte del mundo, personas que manejan centenares de miles de dólares, en todas partes se producen tremendas dificultades y una lucha muy difÃcil entre el personal policial, que debe ser leal más allá de las remuneraciones que tenga, y gente que maneja dinero para corromper”.
“Es una lucha muy desigual que tienen los paÃses, dado el volumen de desarrollo que tiene este capitalismo negro, sumergido, del narcotráfico, del contrabando, de la trata de mujeres y menores, de la prostitución, de la prostitución infantil y la venta de armas”.
“Estamos hablando de un sector de la economÃa sumergida mundial que maneja miles de millones de dólares, entonces los Estados, incluso los del primer mundo, quedan con una enorme fragilidad frente al poderÃo enorme que tienen desde el punto de vista económico y, por ende, también de poder polÃtico”.
DÃaz afirmó que “la corrupción no llega solamente abajo o a los estamentos medios de la función pública, sino que llega muy arriba y esto no lo digo yo, lo dijo por ejemplo un secretario general de Interpol a nivel internacional. Es una verdad de Perogrullo, que quien tiene tanta capacidad económica también tiene una capacidad extraordinariamente grave para corromper”.
“Todos están expuestos a ello, incluso las clases dirigentes. Una de las debilidades actuales de la democracia y una de las razones de su propia crisis, de las tantas que tiene, es la presencia de un capitalismo sumergido, que no paga impuestos, que tiene muchos recursos, que blanquea mucho capital, a través del cual llega a las más altas esferas, involucrando a mucha gente en delitos de cuello blanco del crimen organizado”.
El ministro agregó que esta nueva situación “pone en evidencia una de las tantas carencias que tiene el sistema penitenciario que hemos encontrado. Vive una tremenda crisis humanitaria, se violan permanentemente los derechos humanos pero también están vulnerados los derechos de los propios funcionarios penitenciarios, quienes reiteradamente son sometidos a ataques de los reclusos”.
“Todos estos elementos ponen en evidencia una multiplicidad de vulnerabilidades del sistema, un modelo contra el cual empezamos a luchar inclusive antes de asumir el cargo”, concluyó. *
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