En Perú sigue debate sobre la castración química de violadores

El estallido de los índices de delitos sexuales contra menores, que el año pasado llenaron más de tres mil atestados policiales en todo el país y en el primer semestre de este año registraron, sólo en Lima, más de 700 niños violados, recrudecieron las propuestas de reimplantar la pena de muerte, prohibida en el Perú desde hace 25 años. Los datos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), organismo que reúne al estado y la empresa privada, indican que en los dos últimos años las violaciones contra la libertad sexual registradas en los anuarios policiales superan los 5 mil casos por año, de los cuales más de la mitad fueron perpetrados contra niños.

La Comisión de Justicia del Congreso planteó la semana pasada la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores, como única solución para enfrentar el incremento de los crímenes sexuales cometidos contra menores de edad. La respuesta del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Garaycoa, fue un no incondicional, en tanto que Luis Bambarén, obispo emérito de Chimbote, localidad a 400 kilómetros de esta capital, propuso la castración química y la cadena perpetua para los violadores.

Monseñor Bambarén, ex presidente de la Conferencia Episcopal, rechazó la iniciativa de la Comisión de Justicia y sostuvo que la castración química sería «una pena efectiva y una sanción ejemplar para los sujetos que cometen este tipo de atrocidades con los menores de edad». Según monseñor Bambarén en el país no existe ningún impedimento legal para aplicar la castración química. Sin embargo, sostuvo, nadie se atreve a usar este mecanismo «porque afecta directamente a los hombres». Muy distinta es la opinión de monseñor Garaycoa, quien rechaza contundentemente la castración química para violadores de menores de edad. «Nadie tiene derecho de privar las funciones del hombre, es así que la Iglesia niega todo aquel acto que es anormal», sostuvo. *