En Perú, la coca crea conflictos internos

La hoja de coca, de uso ancestral en la zona de la cordillera de los Andes, además de ser motivo de continuos conflictos

externos, abona ahora fuertes disputas políticas en Perú en particular, debido a ordenanzas emitidas por cuatro gobiernos regionales. La guerra de nervios estalló cuando el gobierno de la central región del Cusco declaró a la coca «Patrimonio Regional Natural-Biológico-Cultural-Histórico» de la zona, donde existen al menos tres valles en los que se cultiva la planta, conocida aquí como la hoja sagrada de los Incas. Son «zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de la hoja de coca los valles de La Convención y Yanatile, en la provincia de Calca, y de Qosñipata, en la provincia de Paucartambo», señala la ordenanza 031-2005 con fecha 12 de junio. En esos lugares actúa el narcotráfico, según el gobierno nacional de Alejandro Toledo.

En Cusco, una de las 26 regiones en que está dividido administrativamente Perú, se producen unas 18.000 toneladas de hoja de coca y sólo la mitad sería legal, señaló a IPS Fernando Hurtado, gerente general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el organismo gubernamental antidrogas más conocido como Devida.

Pero Hugo Cabieses, un economista coautor del libro «Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú. Escritos urgentes», duda de la cifra manejada por Hurtado y sostiene que la ordenanza cusqueña no es necesariamente un peligro sino que responde a cálculos políticos tanto nacionales como regionales. «Lo racional hubiera sido aprovechar la legalidad que proclaman esas ordenanzas para proceder a un empadronamiento de los cocaleros (cultivadores) y concertar una política entre el Estado y las regiones. Nadie está hablando de coca ilegal», explicó Cabieses a IPS.

Pero esto no se produjo y, por el contrario, cundió lo que el gobierno de Toledo llamó «mal ejemplo» de la región cusqueña. El 13 de julio le siguió la vecina Puno, más al sur del país, cuyo gobierno dictó una ordenanza similar en la que también reconoce como «zonas de producción tradicional legal» a dos cuencas cocaleras.

La región de Huanuco, ubicada entre los andes y la selva central, hizo lo propio siete días después, refrendando una ordenanza que ya había emitido un año antes y en la que se declaraba la hoja de coca como «patrimonio cultural y de seguridad alimentaria».

De ese modo tres regiones siguieron el mismo camino que en realidad había inaugurado el 9 de junio Ayacucho, en la sierra central, cuya disposición había pasado en un principio casi desapercibida pero que al igual que las demás reconoce como «zona de producción tradicional de la hoja de coca» a dos valles de tradición en este tipo de cultivo.

Con estas cuatro ordenanzas en vigor, el gobierno nacional interpuso el 23 de julio una demanda de inconstitucionalidad a través de la Procuraduría Pública, en principio contra la ordenanza cusqueña, por haber «vulnerado el marco jurídico nacional al legalizar determinadas zonas del país para el libre cultivo de la hoja de coca». *