José Díaz, al hablar en Carmelo sobre el chico malogrado: "Nunca debe morir un ciudadano en una comisaría"

"No se detiene para averiguar, se investiga para detener", dijo el ministro del Interior

El ministro afirmó que «es un deber dar cuenta de las actuaciones al pueblo, en este caso por ser un hecho tan conmovedor, dar cuenta a los familiares y las figuras representativas de esta ciudad». «Es una expresión de la honradez administrativa a través de la cual nosotros queremos administrar y gobernar como lo ha impuesto la inmensa mayoría de la ciudadanía al elegir al Dr. Tabaré Vázquez como presidente de los uruguayos», dijo Díaz, «en este gobierno no estamos para encubrir errores sino para corregirlos» señaló.

La Policía de Carmelo detuvo a Ortiz y sus amigos violando la ley antirazzias que el propio ministro Díaz derogó días antes, no hubo testigos que presenciaran el robo de las damajuanas, los jóvenes argumentaron que las encontraron en el lugar en que fueron detenidos y la Policía después de muerto Ortiz salió a averiguar por el presunto ilícito y obligó al dueño de la mercadería presuntamente robada por los jóvenes a hacer la denuncia a 100 kilómetros del lugar del robo, casi 10 horas después de la muerte de Ortiz. «En el mundo del revés de la Policía de Carmelo, primero se detiene a alguien y luego se busca a ver qué ilícito se le puede imputar», señalan.

El comisario Lotito también tendrá que explicar por qué cuando bajó de su apartamento y vio el cadáver y el buzo con el que Alvaro se ahorcó tirado en el suelo, pidió que volvieran a colgar el buzo en el lugar del que fue descolgado el joven «para preservar la escena del hecho», que evidentemente había sido ya modificada.

El Ministerio del Interior en pleno, con el ministro José Díaz y el subsecretario Juan Faroppa encabezaron la delegación que dio argumentos científicos a la población de Carmelo para considerar que Alvaro Ortiz se suicidó la noche del 29 de abril, tal cual lo había adelantado ya LA REPUBLICA a través del informe del fiscal de la causa Pablo Rivas. Sin embargo no se puede decir lo mismo de la actuación policial de esa noche, ya que hay una investigación en curso por la responsabilidad que cupo en el hecho a quienes estaban a cargo de la comisaría de Carmelo, incluso el propio fiscal policial del Ministerio del Interior señaló que «hay contradicciones» en las declaraciones de los policías. Con las principales jerarquías del ministerio, sus principales técnicos en materia forense y en materia legal, el diputado Homero Viera, el jefe de Policía Ruben Perazza, el ministro José Díaz explicó -a pocos centímetros de las víctimas con las que compartía su dolor- la investigación que llevó a concluir en el suicidio de Ortiz y la investigación policial que aún se está realizando y por la cual trasladaron a todos los policías que esa noche estaban en la comisaría de Carmelo, aunque aclaró que «no son determinantes de la conducta posterior del detenido».

Díaz dijo que «aún no hemos terminado el procedimiento administrativo, e hicimos los cambios que ya dije porque creemos que es necesario para el propio prestigio del servicio policial, que queremos enaltecer. Queremos una Policía no de los partidos políticos sino del Estado y de la sociedad, la Policía debe ser escudo de la sociedad especialmente de los pobres», dijo «queremos una policía cada vez mejor imbuida del espíritu democrático que atraviesa la Constitución de la República y la conciencia de nuestro pueblo»; «se puede hacer política corrigiendo los errores y no encubriéndolos» manifestó.

 

Policías en la mira

No ocurre lo mismo con la investigación sobre la actuación policial, ya que los jóvenes fueron levantados de la calle mientras tomaban vino en unas damajuanas que aseguraron encontraron escondidas en una esquina. Decenas de jóvenes con bebidas alcohólicas pueden verse cada fin de semana en las calles de Carmelo y no por eso la Policía los lleva detenidos, teniendo en cuenta que a poco de asumir, el ministro José Díaz derogó el decreto más conocido como «el decreto de las razzias» por el cual se podía detener a una persona por «averiguación de antecedentes». No había denuncias de robo, ni se los encontró in fraganti delito. Esa noche Alvaro Ortiz fue detenido porque junto con sus amigos «el oficial (da el nombre) había procedido a la detención de tres personas que portaban damajuanas» señala el comisario Pablo Lotito en su declaración ante el juez Rubén Saravia y a la que accedió LA REPUBLICA. El famoso decreto facultaba a la Policía «a la utilización de medidas coercitivas a fin de la conducción de eventuales implicados y testigos a locales policiales a los efectos de su interrogatorio». Es decir que la Policía le veía a un individuo «cara de sospechoso de algo» y lo llevaba a la comisaría, contrariando flagrantemente el artículo 15 de la Constitución de la República que prohíbe la detención de personas salvo en casos de «…infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita del juez competente».

 

Denuncia de hurto tardía

A Alvaro Ortiz no lo encontraron in fraganti delito, tampoco había semiplena prueba de que estuviera haciendo algo ilegal la noche del 29 de abril cuando la Policía lo detuvo «por las dudas» a una cuadra de la comisaría con una damajuana en la mano. Lo detuvieron porque sí, violando una resolución ministerial y esa acción terminó con Ortiz muerto un rato más tarde, en un episodio que todavía presenta zonas oscuras.

Las damajuanas faltaron de una camioneta varias cuadras más lejos de donde fueron apresados los jóvenes y su dueño recién hizo la denuncia cerca del mediodía del 29 de abril en Nueva Helvecia porque la Policía lo llamó y le pidió que denunciara el hurto. «Ni me calenté, compré dos damajuanas más y me vine para Montevideo» contó Benito Fernández, el dueño del vehículo de donde faltaron dos damajuanas de vino en la mañana del 29 de abril. Cuando Fernández hizo la denuncia, a 100 kilómetros de Carmelo y a pedido de la Policía hacía varias horas que Alvaro Ortiz se había quitado la vida. *

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