Más de medio millón de familias uruguayas en las garras de falsas cooperativas
Hace un año, la Asociación que los nuclea denunció ante la anterior Administración a una docena de «cooperativas» de ahorro y crédito, que estaban cometiendo todo tipo de abuso contra los intereses de 500.000 familias uruguayas mediante la maniobra de ordenar montos arbitrarios de retención de sueldos y pasividades.
El presidente de dicha agremiación (Afindu), contador José Aneiros Bastos, dijo que «la anterior Administración hizo caso omiso a esta denuncia de corrupción institucionalizada».
Agregó que «la maniobra que se está llevando a cabo desde hace 10 años, y sobre todo durante los últimos 5, se basa en la ausencia de todo control sobre dichas órdenes de retención. La inseguridad jurídica es total: hoy usted saca en estas ‘cooperativas’, un préstamo de 1.000 pesos a pagar en 12 cuotas de 95 pesos y mediante la aplicación de intereses, recargos y rubros asimilados, le pueden llegar hasta rematar su casa.
En muchos casos, un préstamo simplemente amortizable deviene en renta vitalicia para el contraventor de la Ley, puesto que por más que usted pague nunca lo termina de cancelar».
Aneiros sostuvo que «la maniobra afecta, en muchísimos casos, a empleados públicos, trabajadores privados, jubilados y pensionistas, quienes debido a estas maniobras se ven privados de cobrar el 20% nominal de su remuneración, en virtud de este tipo de retenciones que nadie controla».
Para el profesional consultado «la solución a este tema no admite dilación en el tiempo: estamos en presencia de otro verdadero Plan de Emergencia Social 2″.
El grave problema social no se acota a las cooperativas truchas, ya que también continúan operando con total impunidad decenas de prestamistas privados, muchos de los cuales están siendo denunciados a la Justicia por gente desesperada. Precisamente en la víspera, LA REPUBLICA dio a conocer el testimonio de un empresario que se había enfrentado a un prestamista a quien no sólo denunció en sede penal, sino que también lo hizo en el Banco de Previsión Social y en la Dirección General Impositiva, por evasión de impuestos. *
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