Asuntos internos de la Policía al rojo vivo; graves cuestionamientos al jefe

De los Santos cumplía funciones en la Dirección Nacional de Policía Técnica donde cometió una falta administrativa por la cual se le dispuso un arresto a rigor de cinco días en el Cuartel Centenario de Bomberos. De los Santos no cumplió la sanción porque fue a pedir el auxilio del entonces fiscal de Corte Peri Valdez, quien lo dejó a su cargo para investigar casos complejos.

Fue entonces que De los Santos se convirtió en pieza notoria en sonadas investigaciones que derivaron en el procesamiento del fiscal Carlos García Altolaguirre, así como nuevas indagatorias en torno a los crímenes en Colonia de Andrés Trigo y el narcotraficante Lillio Martínez.

Una serie de irregularidades y abuso de funciones presuntamente cometidas por el inspector De los Santos en el curso de las indagatorias de esos casos están siendo investigadas actualmente por la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Luis Bajac.

Los informantes dijeron a LA REPUBLICA que resulta inadmisible que un inspector investigado por escuchas telefónicas clandestinas, por traslados de presos con promesas de beneficios a cambio de declaraciones y otras severas irregularidades esté a cargo de una dependencia que, justamente, debe investigar las desviaciones funcionales de la Policía.

Se recordó, asimismo, que la oficina de la Corte de la Fiscalía donde De los Santos cumplía funciones fue desmantelada luego de que el Ministerio de Educación y Cultura, en acuerdo con el gobierno anterior, resolviera remover definitivamente de su cargo a Peri Valdez por supuestos apartamientos de las normas legales del proceso penal.

«No podemos tener como auditor interno de la Policía a un funcionario que está siendo investigado por la Justicia por abuso de funciones de la más diversa índole», comentó un inspector principal, actualmente en funciones y ocupando un cargo de relevancia dentro del instituto. Asimismo, la reorganización del DOE preocupa a las autoridades policiales porque se le da al jefe de la repartición potestades superiores a jerarcas con mucho personal a su mando y con mayor rango, tales los casos de los directores de Seguridad, de Investigaciones y de Grupos de Apoyo.

En uno de los ítems (6) se faculta a que toda actividad operativa del grupo se realizará sin previo aviso y sin necesidad de autorización del superior a cargo del procedimiento o del jerarca de la dependencia afectada. Esta potestad no es cuestionada por los informantes en la medida en que el jerarca del DOE tenga un legajo intachable y no se encuentre sometido a investigación judicial por excesos en sus funciones.

En relación a la investigación que involucra al actual jefe del DOE, el fiscal Bajac consideró que todo lo que surgió se vincula a causas que ya están abiertas en otras sedes penales. Por tanto pidió a la jueza Merialdo que divida el expediente por asunto y envíe cada parte a los magistrados que corresponda. Merialdo tiene a estudio el dictamen del representante del Ministerio Público y en los próximos días se pronunciará.

Esta investigación fue abierta a partir de la denuncia del recluso Alejandro Píriz Brum. Este individuo cumple proceso por la muerte de Lillio Martínez y debió ser trasladado del Penal de Libertad a la Cárcel Central por haber sido amenazado de muerte en reiteradas oportunidades. *