Traían cubanos, les daban documentos uruguayos y los mandaban a Miami

La investigación estuvo a cargo del comando de la Seccional 11ª de Malvín, cuyos efectivos detuvieron en la víspera a dos uruguayos y un ciudadano cubano que habían montado la organización que les reportó pingües ganancias en el último año. Ya en el año 2000 la Dirección Nacional de Información e Inteligencia había detectado que Uruguay se había convertido en país de tránsito para ciudadanos cubanos deseosos de viajar a Miami. En aquella oportunidad se comprobó que los delincuentes pagaban 500 dólares a personas de escasos recursos para que les entregaran la cédula de identidad. Con dicho documento los «operadores» obtenían el pasaporte que entregaban al cubano, el cual permanecía en territorio uruguayo durante un tiempo hasta emprender el viaje a la ciudad turística del Norte.

En esta oportunidad, los investigadores de la comisaría de Malvín descubrieron la misma operativa llevada adelante por los tres individuos que mantenían contactos frecuentes con La Habana, donde obtenían sus potenciales clientes.

Estos viajaban con sus documentos originales a Uruguay y luego de abonar la suma de cinco mil dólares se ponía en movimiento la maquinaria conocida.

Compraban cédulas de identidad

De esa manera los delincuentes buscaban a personas en situaciones de extrema pobreza a las cuales les compraban la cédula de identidad, con la cual realizaban los trámites de rigor para «legalizar» a los cubanos en tránsito como si se trataran de ciudadanos uruguayos habilitados a viajar sin ningún contratiempo. El montaje incluía el hospedaje de los cubanos en distintas fincas de barrios de Montevideo y Maldonado, donde éstos permanecían por un tiempo estimado lógico hasta que se les entregaban los pasajes a Miami a nombre de las personas que habitaban en zonas marginales y ni se imaginaban que estaban «de viaje». Los responsables del tráfico de seres humanos fueron puestos ayer a disposición del juez en lo penal de turno, al tiempo que se continuaban las investigaciones a fin de determinar eventuales responsabilidades de funcionarios del Ministerio del Interior, cosa que en un principio parece estar descartada. *