Denuncian maniobras de magistrados para burlar a abogados en presumario

La Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Montevideo organizaron en el salón de actos del Banco Central del Uruguay un evento internacional acerca de Las Reformas Postergadas en Educación, Salud y Proceso Penal, con la presencia de destacados conferencistas con el anfitrión Dr. Jan Woischnik representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, director del programa Estado de Derecho para Sudamérica y el ingeniero Ruperto Long, presidente de la Fundación Ciudad de Montevideo.

El Dr. Gonzalo Fernández, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de la República, disertó sobre el proceso penal, titulando este segmento «Una reforma estancada por siete años» y comenzó preguntando si la sociedad uruguaya y los operadores del derecho estarán prontos a pagar los costos de «un sistema de justicia y un juicio republicano con control ciudadano».

Aseguró que «sin un presupuesto independiente para el Poder Judicial, la independencia de este poder del Estado en Uruguay, es pura ilusión».

Criticó enfáticamente el sistema administrativo del Poder Judicial que permite que a un juez con 20 años de ejercicio en una materia se lo traslade al ámbito laboral o pretextando un ascenso al ámbito civil, en el mejor de los casos a un Tribunal, haciendo que su valiosa experiencia anterior se desperdicie, obligándolo a «comenzar todo de nuevo», lo que es por lo menos frustrante, anotó. Dijo que con una norma de 1907, haciendo referencia a la integración de 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia, no se puede seguir hoy en 2004, y que hay que ir a una Corte con distintas Salas como la Penal, Civil y Laboral como forma de resolver la congestión de asuntos a tratar. Dijo Fernández que hay que pensar en un Tribunal Constitucional para librar a la Corte de los asuntos de inconstitucionalidad y mantenerla centrada en los temas que le son propios, agregando que también debe crearse un Consejo de la Magistratura que se ocupe de los ingresos, destinos, ascensos, traslados y cesantías  Idatyc- para mejor encauzar y organizar la carrera de los magistrados.

El catedrático abordó el problema del Ministerio Público y Fiscal señalando que «aunque disguste y se asocie a malas experiencias hay que ir pensando en cómo convertir al Ministerio Publico y Fiscal en un órgano desconcentrado» agregando que hay posturas que quieren incluirlo en la estructura del Poder Judicial.

 

Terminar con el proceso inquisitivo

El Dr. Fernández enfatizó en la necesidad de terminar con el proceso inquisitivo, resabio de la inquisición española que hoy se aplica en el sistema judicial uruguayo, señalando que el pasar del sistema antiguo donde dos jueces entendían en un caso, uno instruía y otro sentenciaba, se pasó a esta forma de juez de instrucción único donde quien instruye también procesa, lo que convierte a la prisión preventiva en una condena anticipada. El juez penal hoy se autoimplica aseguró el Dr. Fernández, ya casi no hay absoluciones. Algunos defensores trabajamos para la apelación una vez que un juez procesa, pues hemos visto que aún con semi plena y sin agregar nada igual se procesa. El juez que resuelve no debe investigar. Debe resolverse esto separando al que procesa del que liquida la pena. Insinuó que debe pensarse si sólo el Ministerio Público puede acusar, o también lo puede hacer un particular, como en el caso de difamación e injurias por ley de prensa. Se mostró ferviente partidario de las penas sustitutivas a las de prisión «porque en Uruguay hay 7 mil presos. No hay un solo lugar donde poner uno más y algunos de ellos están privados de libertad por delitos culposos».

Denunció que hay maniobras de algunos jueces penales para burlar la modificación del articulo 113 del Código de Proceso Penal que permitió recientemente la participación del abogado defensor en el presumario diciendo que «ya se las han ingeniado para restringir la participación del abogado, vista del expediente en la audiencia únicamente, lo que por lo menos es una aberración».

Si una persona recurre al abogado éste sigue  dijo Fernández- como antes de aprobada la ley, sin saber de qué se acusa a su cliente, porque sólo podrá ver el expediente en la audiencia, esto es lo que está ocurriendo en algunas sedes penales. Fernández concluyó diciendo que antes eran 15 sedes penales y cada defensor sabía a qué atenerse y los defendidos también. Se sabía que un delito costaba 2 meses, en tal sede con tal magistrado y tal fiscal; hoy hay 21 sedes penales y más de 15 fiscalías penales y es un caos. En un lugar un delito cuesta 2 meses y en otro 6 meses, concluyó el experto penalista. *