A prisión un abogado por delito de atentado violento al pudor

La información conocida en la antevíspera a través del comunicado emitido por la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto, establece que el pasado viernes, por disposición judicial fue conducido al Juzgado Letrado en lo Penal dicha persona, cuyas iniciales son JDB, mayor de edad, donde el magistrado actuante dispuso su procesamiento con prisión por «reiterados delitos de atentado violento al pudor».

La resolución judicial está referida a un connotado caso que se venía dilucidando en la Justicia local desde hace muchos meses, ya que involucraba a un asesor de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y además, conocido dirigente del Partido Colorado. Se le había denunciado por parte de su ex concubina por abuso sexual a sus dos hijos menores de edad. Luego de un largo periplo por los vericuetos judiciales y tras prolongadas dilatorias se emitió sentencia que recayó sobre el letrado del organismo binacional.

Pasaron tres años sin pronunciamiento judicial desde la denuncia penal por abuso sexual sobre sus hijos mellizos formulada por la madre de los menores. El expediente de marras estuvo largo tiempo en la órbita de un tribunal capitalino sin que las autoridades judiciales locales den explicación alguna del traslado de los citados obrados. Según pudo saber LA REPUBLICA el defensor de JDB, había interpuesto un recurso de «queja» por no habérsele permitido presentar pruebas periciales a las cuales estaba dispuesto a someterse. El tribunal de alzada que trató el caso es el de Apelaciones, en el que revista un hermano del encausado, pero cabe resaltar que el magistrado se había excusado en razón de la implicancia familiar existente.

La denuncia penal había sido presentada por la madre, también funcionaria de la CTM y hoy radicada en Montevideo, a comienzos de 2001, en el Juzgado de Salto de segundo turno, a cargo del juez Dardo Nievas. La madre, concretamente, responsabilizó al progenitor biológico por abusos sexuales. La madre y el padre concibieron a los niños sin haberse casado, pero ambos fueron reconocidos por el hombre, que tiempo después se separó de la mujer. La Justicia Civil fijó un régimen de visitas por el cual el contacto entre el padre y los niños era frecuente.

En febrero de 2001 la madre aseguró tener indicios de que los menores podían ser sometidos por su padre a abusos sexuales. La información habría surgido de los niños que relataron que el padre los sometía a diversos juegos sexuales. Por esa razón la madre realizó consultas con el catedrático de psiquiatría infantil doctor Miguel Cherro.

De esas consultas se concluyó que los niños se tocaban entre sí en las zonas genitales, que tuvieron retrocesos en sus conductas y demostraron «manifestaciones de un cuadro de ansiedad secundario al estrés traumático crónico vivido ante las situaciones de abuso sexual por parte de su padre».

Las declaraciones

Con esa base y con la declaración de varios testigos, el extinto fiscal de Salto, Rafael Burutarán, pidió el 25 de noviembre de 2003 el procesamiento con prisión del padre de los niños por atentado violento al pudor, pero el juez no pudo concretarlo porque fue recusado por la defensa quien sostuvo que Nievas había prejuzgado.

El juez se negó a apartarse del asunto, por lo cual el diferendo debería ser resuelto por un Tribunal de Apelaciones. A fines de 2002, la recusación había quedado sin efecto porque, en el marco de una serie de designaciones, la Suprema Corte de Justicia trasladó a Nievas a un juzgado de Canelones. Luego, la jueza María del Carmen Roybal se hizo cargo del Juzgado de Salto y de la referida causa. Por dicha razón el obstáculo de prejuzgamiento habría quedado desechado al cambiarse de magistrado interviniente. Sin embargo tiempo después la defensa interpuso un recurso de «queja» pues reclamaban se permitiera presentar una serie de pericias que involucraban al encausado, a los niños y a la madre. Finalmente, luego del largo periplo en los estrados judiciales, la magistrada interviniente decretó el procesamiento con prisión del imputado por «reiterados delitos de atentado violento al pudor».

Cabe acotar que el cese de la relación laboral del funcionario de Salto Grande, por estar involucrado en un proceso por abuso sexual sobre sus dos hijos mellizos fue reclamada en el seno de la Comisión Técnica Mixta, por parte del delegado argentino, doctor Enrique Stola, quien es médico psiquiatra y cobró notoriedad por haber sido profesional en el sonado caso del padre Grassi y el abuso sexual del cura católico contra menores. *