En Brasil las Fuerzas Armadas ya tienen poder de Policía en combate a criminales
El proyecto fue presentado por el senador opositor César Borges, del derechista Partido del Frente Liberal (PFL), luego de amplias consultas con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El texto, que fue votado por el plenario del Senado con 58 votos a favor y ninguno en contra, pasará ahora a ser analizado por la Cámara de Diputados.
De convertirse en ley la iniciativa, la Aeronáutica operará en la represión policial al tráfico aéreo de drogas y al contrabando, y la Marina en el área de puertos y costas.
El Ejército, por su parte, deberá conducir y operar políticas nacionales «relativas al respeto al poder militar terrestre», incluso patrullaje y represión urbana y de fronteras.
En su justificación, el senador Borges sostuvo que la figura de «orden público interno» permite incluir las tareas policiales entre las atribuciones constitucionales de las Fuerzas Armadas.
El Ministerio de Defensa, por su parte, divulgó hoy una nota en la que afirma que participó activamente de la redacción del proyecto que tramita el Congreso que, sostuvo, «no altera la misión constitucional de las Fuerzas Armadas (FFAA)».
Respaldo jurídico a las tres Armas
«El proyecto fue ampliamente discutido con los comandos de las Fuerzas Armadas y los miembros del Congreso, y representa un significativo paso para proporcionar a las FFAA el necesario respaldo jurídico a su actuación», sostiene la nota.
El nuevo proyecto, agrega el ministerio, «representa un incremento sustancial del apoyo de las Fuerzas Armadas a los esfuerzos del combate al crimen, en especial a los delitos transnacionales fronterizos, con sus repercusiones en los grandes centros urbanos».
Una vez aprobada la nueva ley, habrá «un mayor respaldo a la actuación de las Fuerzas Armadas cuando sean empleadas para garantizar la ley y el orden, dando el necesario soporte jurídico a las acciones militares en este tipo de operaciones», afirma la nota.
Según el proyecto, el militar que, en una acción policial específica, hiera o mate a un civil, será juzgado por la Justicia Militar. Los miembros de las Fuerzas Armadas que participen de esas operaciones serán autorizados además a portar armas aún fuera de servicio. La acción de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública será determinada por el presidente de la República, «de forma episódica, en área previamente establecida y por tiempo limitado», en carácter preventivo o represivo, afirma la iniciativa.
El gobierno del presidente Lula ya empleó en tres ocasiones al Ejército para enfrentar situaciones de inseguridad interna: dos en Rio de Janeiro y una en Minas Gerais.
En Rio, los militares desplegaron un operativo especial de seguridad ante amenazas del narcotráfico durante el Carnaval de 2003, y actualmente realizan tareas de inteligencia en apoyo a la policía para apresar a los principales jefes narcos.
En Minas Gerais, el gobierno de Lula envió a 1.500 soldados, el viernes de la semana pasada, ante una huelga de las fuerzas de seguridad del Estado, que finalmente fue suspendida al otro día sin que se hubieran producido incidentes. Tanto el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, como el de Defensa, José Viegas, se opusieron hasta ahora al empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de policía.
«No se trata de oponerse o no a recurrir a las Fuerzas Armadas en esas situaciones. Se trata de que actualmente no es legal», dijo a ANSA una fuente del ministerio de Justicia.
La fuente recordó que la ley actual permite el uso de las fuerzas armadas sólo en caso de intervención federal, y siempre que un Estado admita que no está en condiciones de garantizar la seguridad
El senador Eduardo Suplicy, del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula, dijo a ANSA que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales no representa algún riesgo en un país como Brasil, que tuvo una dictadura militar entre 1964 y 1985.
«El sentido del proyecto es que las Fuerzas Armadas cooperarán con la policía. La responsabilidad estará siempre en los órganos de seguridad pública de cada Estado», dijo Suplicy, miembro de la comisión de Defensa del Senado.
Para el senador petista, «el principal trabajo relativo a la seguridad pública siempre debe estar a cargo de la policía, pero consideramos que, dada la situación tan difícil en que se encuentran varios estados, las Fuerzas Armadas podrían colaborar». *
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