Las armas las descarga el pueblo

El Congreso de Brasil dio el primer paso para desarmar a la población civil con una ley que veda su porte, pero se deberá esperar casi dos años para saber si se prohíbe su comercio en un país donde los tiros matan casi 40.000 personas por año.

Una vez que la nueva ley sea reglamentada, portar armas sólo será permitido a militares, policías y personas con autorización especial, como guardias de seguridad privada, deportistas de tiro o cazadores.

Los demás civiles sólo podrán tenerlas en su casa o local de trabajo, pero no andar armados, y sus respectivas autorizaciones deberán ser renovadas según las nuevas reglas y en un plazo no mayor de 90 días o caducarán.

El llamado Estatuto del Desarme establece también que el comercio de armas quedará prohibido en el país si la ciudadanía ratifica la norma en un referéndum a realizarse en octubre de 2005.

Las armas pequeñas o livianas son una preocupación mundial. La organización Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear estima que esas armas matan 500.000 personas cada año, siendo 300.000 en conflictos armados y 200.000 homicidios, suicidios y accidentes.

Brasil es campeón mundial en muertes por armas de fuego, al ser responsables éstas en 62,7 por ciento de los asesinatos cometidos en el país, según datos recogidos a mediados de los años 90 y divulgados en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Expertos creen que hoy es más elevada esa participación en las muertes violentas.

En otros 22 países estudiados por la OMS, la mayoría de Europa, el promedio era de 12,5 por ciento de uso de armas de fuego en asesinatos, mientras objetos cortantes o perforantes alcanzaban un promedio de 31,9 por ciento. La ratificación en referéndum de la prohibición de comercializar, contenida en la nueva ley, parecer ser una certeza para el movimiento que luchó por esta norma en los últimos cinco años y presionó el Congreso legislativo durante los trámites de votación que se prolongaron por seis meses y culminaron con su aprobación en la noche del día 9 en el Senado.

Una encuesta realizada en octubre por el Instituto Sensus registró 74,1 por ciento de respuestas favorables a la prohibición, confirmando otras consultas anteriores.

La nueva norma, además, endureció las exigencias para que un civil pueda adquirir un arma. Tendrá que comprobar su necesidad, más de 25 años de edad, ausencia de antecedentes criminales y capacidad técnica y psicológica para manejarla.

Portar ilegalmente un arma se convertirá así en delito sujeto a prisión de dos a seis años, sin posibilidad de obtener la libertad con fianza. Un disparo en local poblado se penalizará con dos a cuatro años de cárcel y el tráfico internacional de armamentos con cuatro a ocho años, ampliándose a 12 años si se trata de material de uso exclusivo de militares.

La aprobación parlamentaria fue un triunfo de la movilización que llevó a las calles decenas de miles de personas, en numerosas manifestaciones en las ciudades de Brasil. *