El pesquero de bandera uruguaya, su tripulación y su carga son escoltados rumbo a Australia

Captura del "Viarsa I" deja a Uruguay ante un conflicto "jurídico, político y diplomático"

La captura y abordaje del barco pesquero «Viarsa I» abrió una nueva instancia en un difícil conflicto internacional que la Cancillería uruguaya deberá afrontar en lo jurídico, lo político y lo diplomático, y en la cual el país puede recibir fuertes sanciones de organizaciones marítimas de las que forma parte.

El incidente colocó a Uruguay en el «banquillo de acusado» debido a las autorizaciones que otorga en el uso de su «Pabellón Nacional como «bandera de conveniencia», por la adjudicación de permisos de pesca de ultramar, y por la falta de control sobre su flota según los requerimientos internacionales.

El caso del «Viarsa I» también promete desnudar los entretelones del negocio de la pesca en Uruguay, las vinculaciones de los capitales internacionales y de empresas que operan como testaferros, y los eventuales nexos políticos que desde hace años existirían detrás de ese sector productivo del país.

La situación promete más de un cuestionamiento parlamentario al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, de quien depende la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) y el eventual desplazamiento de su titular, el capitán de navío (r) Yamandú Flangini.

El primer suplente del diputado quincista Daniel García Pintos, el capitán Flangini fue en las últimas tres semanas el portavoz uruguayo que dejó en evidencia ante el escenario internacional una serie de contradicciones en las que Uruguay cayó respecto a la identificación y el contralor del «Viarsa I». Incluso, el escándalo del «Viarsa I» podría derivar en una investigación sobre la contratación de personal y adjudicación de puestos de trabajo en los proyectos de investigación, que dentro de la Dinara son financiados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Debajo del rentable negocio de la «merluza negra», también promete asomar una situación varias veces denunciada por el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), relativa a la explotación de emigrantes utilizados como mano de obra barata.

 

El epílogo de una épica fuga

Once hombres armados abordaron al mediodía del jueves 28 de agosto el barco de bandera uruguaya «Viarsa I» para poner fin a una persecución de 21 días y casi 4.000 millas marinas, iniciada por la patrulla australiana Souther Supporter, que halló al pesquero operando en una zona prohibida.

La nave australiana contó con la ayuda efectiva de otros dos barcos sudafricanos, el MV Agulhas y el John Ross, y uno británico, el MV Dorada, para acorralar al navío de la empresa Navalmar SA, capitaneado por el uruguayo Ricardo Ribot y con tripulación mayoritariamente gallega.

Los 21 días de cinematográfica persecución tuvieron momentos dramáticos, cuando el «Viarsa I» huyó de la nave australiana en una zona de iceberg, en medio de una furiosa tormenta austral; y cuando el barco fue rozado por el remolcador John Ross, que se sumó sorpresivamente a la caza.

El ingreso del personal armado se concretó cuando el pesquero ya no tenía posibilidades de escape. A su perseguidor, el Souther Supporter, se había agregado el John Ross (contratado bajo reserva por Australia) que le interceptó en una zona conocida como «las aguas rugientes de los cuarenta».

En un frustrado intento de abordaje nocturno, el John Ross habría llegado a «tocar» peligrosamente al «Viarsa I» que esa madrugada vio frustradas sus últimas posibilidades de fuga, cuando la patrulla británica MV Dorada, procedente de las Islas Malvinas, terminó por cercarlo y lo obligó a rendirse.

A pocas millas de distancia se agregaba la presencia del MV Agulhas de Sudáfrica que, dotado con helicópteros, aguardaba instrucciones para realizar el abordaje por el aire. Acorralado, y a varios días de distancia de su refugio en el puerto de Montevideo, el «Viarsa I» aceptó entregarse.

 

«Nos llevan al este; esto se acabó»

«Nos han abordado. Nos llevan al este. No sabemos cómo va a terminar esto porque ha dado muchas vueltas, pero por ahora se acabó. No les puedo contar mucho más porque los australianos están en el buque», logró decir el capitán Ricardo Ribot telefónicamente al periódico «La Voz de Galicia».

Ribot explicó que botes de los distintos barcos les obligaron a aceptar el amarre y personal armado australiano y sudafricano subió a bordo. De nada sirvieron sus reclamos de amparo en el derecho marítimo y su argumento de que viajaban a Montevideo con orden de arresto de las autoridades uruguayas.

Horas antes, el capitán Ribot se había mostrado optimista de poder burlar una vez más a sus cazadores. «Vamos navegando, acosados y perseguidos por todas partes, pero el martes o miércoles arribaremos a Uruguay y todo habrá terminado», había declarado al periódico gallego que le contactó a través del celular de uno de los marinos españoles.

«Estamos todos tensos, nerviosos, durmiendo mal… pero nuestras familias tienen que estar tranquilas porque estamos bien», declaró Ribot, quien interrogado sobre dónde estaban pescando afirmó que en aguas internacionales, pero consultado sobre qué llevaban en bodega se limitó a responder: «Eso es información confidencial».

El capitán y los cuarenta tripulantes del «Viarsa I», casi la mitad procedentes de Galicia y el resto compuesto por marinos chilenos y uruguayos  entre los que se cuenta el observador de Dinara, Eduardo Merello Schulze  se encuentran ahora detenidos y con proa al puerto australiano de Fremantle.

Los tripulantes del «Viarsa I» afrontan ahora la posibilidad de condenas de varios años de prisión y multas de cientos de miles de dólares, si se confirma que las 85 toneladas de merluza negra que se encontraron en sus bodegas fueron capturadas en jurisdicción marítima australiana.

 

Las «contradicciones» uruguayas

La situación del pesquero de bandera uruguaya  que puede llegar a ser hundido por la Justicia internacional  resulta seriamente comprometida debido a las contradicciones en las declaraciones y argumentos esgrimidos por las autoridades uruguayas a lo largo de las tres semanas de fuga.

El pasado 6 de agosto, el «Viarsa I» dejó de emitir su señal satelital VMS, con la que controlan sus movimientos las autoridades marítimas uruguayas, pero el hecho no se denunció internacionalmente hasta dos días después cuando el Southern Sopporter australiano denunció su irregular operación.

Al iniciarse la persecución, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) declaró que era imposible asegurar que el barco que aparecía en las fotografías remitidas por la patrullera australiana fuera realmente el «Viarsa I», por que no lucía bandera y había tapado su nombre e identificación.

Aunque no se aceptaba oficialmente que la nave acusada de piratería fuera el «Viarsa I», la misión diplomática uruguaya en Australia envió la voz grabada del embajador Pedro Mo Amaro, ordenando al capitán Ricardo Ribot que «cooperara completa e inmediatamente con las autoridades australianas».

En forma simultánea, el director de Dinara, capitán de navío (r) Yamandú Flangini, sostenía que se había ordenado al barco pesquero que se dirigiera al puerto de Montevideo, donde se instruiría una investigación sumaria y se le darían garantías en base a la «presunción de inocencia».

La prensa internacional destacó el 26 de agosto, cuando se cumplían 19 días de persecución y el incidente se había transformado en un escándalo internacional, que el «Viarsa I» había descubierto su nombre y argumentaba que se había «sometido» a las autoridades uruguayas y viajaba a Montevideo.

El cerco que co
nstituía el envío del MV Angulhas desde Isla Marion y del MV Dorada desde las Malvinas, determinó nuevas declaraciones del titular de la Dinara quien subrayó que nadie podía detener o abordar al pesquero. Incluso se negó su captura, cuando lo había interceptado el John Ross.

 

Una difícil batalla diplomática

Mientras la empresa Navalmar SA sostiene que iniciará acciones legales contra Australia por el abordaje del «Viarsa I» y la compañía gallega «Armadores Vidal» procura deslindar responsabilidades en las operaciones del pesquero, la Cancillería uruguaya inicia una difícil defensa diplomática.

El ministro de relaciones exteriores, Didier Opertti, asumió ahora la defensa del caso que definió como un problema «jurídico, político y diplomático», por el cual Uruguay puede llegar a recibir duras sanciones internacionales por parte de foros pesqueros y marítimos de los que es parte.

Estados Unidos ya anunció que no compraría más pescado uruguayo y el próximo mes de octubre en Tasmania, el caso «Viarsa I» será uno de los centros de debate de la reunión anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Biomarinos de la Antártida (Ccamlr).

La Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra (Colto) podría llegar, incluso, a pedir la suspensión o expulsión de la flota de bandera uruguaya ante la Comisión para la Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (Indra), que funciona en la órbita de Naciones Unidas.

La Cancillería uruguaya emitió ayer una primera declaración, en la que señala que analiza la situación del abordaje del «Viarsa I» para «preservar los derechos en juego en tanto le competa a su jurisdicción hacerlo» y que también defenderá los derechos del armador del barco, su capitán y tripulación.

El Ministerio anunció que pidió al gobierno de Australia que procediera a desembarcar en el primer puerto posible al funcionario de la Dinara, que se encuentra a bordo de la nave cumpliendo funciones de observador científico, y aceptó que se había ingresado a una «nueva instancia» en el conflicto.

La participación y anotaciones del observador de Dinara Eduardo Merello Schulze  quien debía llevar el registro de todas las actuaciones del pesquero  pueden constituirse ahora en «la prueba del delito» o en «el testigo de la defensa» en el complejo caso judicial internacional que enfrentará Uruguay. *

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