La persecución más larga de la historia pesquera tendrá serias derivaciones políticas, diplomáticas y penales

Un remolcador sudafricano capturó ayer al "Viarsa I" luego de su fuga de 19 días

El barco de bandera uruguaya fue interceptado por el remolcador "John Ross" contratado en secreto por Australia. Dinara niega el arresto y señala que el pesquero se había "entregado y sometido" a la jurisdicción uruguaya. ¿Una conexión Cangrejo Rojo-Merluza Negra? Irregularidades en la pesca fueron advertidas en el Parlamento.

Escrito por: ROGER RODRIGUEZ

Miércoles 27 de agosto de 2003 | 2:38
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El pesquero de bandera uruguaya “Viarsa I” fue capturado ayer por un remolcador sudafricano, el “John Ross”, que había sido contratado por el gobierno de Australia y cuya participación en la persecución del barco que huía hacia Montevideo acusado de pesca ilegal, se mantuvo bajo reserva.

La detención, sin embargo, fue negada por el director nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), capitán de navío (r) Yamandú Flangini quien, consultado anoche por LA REPUBLICA, sostuvo que “hasta ahora el barco no fue detenido y navega rumbo a Montevideo como le fue ordenado”.

El subdirector del Departamento de Medioambiente de Sudáfrica, Marcel Kroese, informó ayer que el “Viarsa I” fue interceptado a 1.864 millas náuticas de Ciudad del Cabo, a una latitud de 45 grados, en una zona conocida como de las “aguas rugientes de los cuarenta”, según un cable de Reuters.

Autoridades del gobierno sudafricano explicaron que el “John Ross”, dotado con un helicóptero, permitió la captura del “Viarsa I” pese a las dificultades climáticas de la zona y que en las próximas horas se procederá a formalizar los arrestos correspondientes. El barco sería llevado a Ciudad del Cabo.

El “John Ross”, un poderoso remolcador de rescate, fue contratado por el gobierno australiano y comenzó la cacería bajo estricto silencio el pasado viernes 22, luego que otro barco sudafricano, el MV Agulhas, no pudiera zarpar de las Islas Marion para apoyar la persecución de una patrullera australiana.

Desde las Islas Malvinas, el gobierno británico también había dispuesto el envío del MV Dorada, para apoyar el seguimiento iniciado por la patrulla australiana Souther Supporter que denunció la presencia del “Viarsa I” en zona no habilitada y lo persiguió 3.700 millas marinas, durante 19 días.

Siete gobiernos (Australia, Sudáfrica, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, Alemania y Canadá) habían apoyado la detención del pesquero uruguayo que dejó de contactarse con las autoridades de Montevideo y aparecía en las fotos tomadas desde el Souther Supporter con su identificación y bandera tapadas.

 

Se había “sometido” a Uruguay

La captura del “Viarsa I” por parte de un remolcador sudafricano promete generar ahora un serio incidente diplomático internacional, dadas las seguras protestas que realizará Uruguay que había anunciado el “sometimiento” del palangrero y advirtió que no podría ser abordado por naves de otros países.

El gobierno uruguayo indicó en un comunicado de prensa del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) que el “Viarsa I” volvió a comunicarse para señalar que acataba la orden de considerarse “entregado y sometido” a la autoridad marítima uruguaya.

La información oficial terminó por reconocer que el barco que tenía sus identificaciones “tachadas” y era perseguido por los australianos acusado de pescar ilegalmente la merluza negra en aguas antárticas, era efectivamente el pesquero de bandera nacional.

El propio director de Dinara, capitán de navío (r) Yamandú Flangini, explicó que la embarcación capitaneada por el uruguayo Ricardo Ribot, y con tripulación mayoritariamente española, aceptó la orden de “someterse” y quedó “obligado a no manipular la carga que porta”.

Las autoridades marítimas reafirmaron la “presunción de inocencia” del pesquero y recordaron que el “Viarsa I” tiene un permiso de pesca categoría “D” que lo faculta a pescar en alta mar y zonas permitidas por la Comisión de Conservación de Recursos Vivos Marítimos Antárticos (Ccrvma).

Se subrayó que la nave que opera bajo bandera uruguaya sería objeto de un sumario por parte de la Dinara que tiene a bordo un observador, el técnico Eduardo Merello Schulze, cuyo informe sería decisivo para determinar si existió responsabilidad en la pérdida de comunicación, en el ocultamiento de la identificación de la nave, y en la eventual pesca ilegal.

La información oficial advirtió en forma particular que el pesquero con bandera de conveniencia uruguaya no podía ser abordado por ninguna patrullera de otra nacionalidad, más aún cuando ya había acusado recibo de la orden de “entrega y sometimiento” a la autoridad competente.

 

Sospechosos permisos de pesca

La más prolongada persecución marítima de la historia de la pesca ­en 2001 la detención del “South Tomi” con bandera de Togo duró 15 días­, podría desnudar una serie de presuntas irregularidades que sobre la concesión de permisos de pesca uruguayos se denuncian a nivel internacional.

Los barcos pesqueros con bandera de conveniencia uruguaya han sido acusados por organizaciones no gubernamentales como “Greenpeace” ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) por realizar pescas indiscriminadas en zonas protegidas y no autorizadas.

En el año 2002, la Coalición Antártica y del Océano Sur (ASOC) hizo pública una lista de barcos pesqueros acusados por supuestas irregularidades en sus permisos, su tripulación y su captura. De 38 barcos señalados, nueve pertenecen a la flota pesquera con bandera uruguaya.

La “Lista Roja” de ASOC se estructuró en base a las denuncias realizadas por los países miembros de la Comisión de Conservación de Recursos Vivos Marítimos Antárticos (Ccrvma), a la que pertenece Uruguay, que ya había recibido acusaciones de Australia por un incidente anterior.

A principios de 2002, otros dos barcos con registros Categoría “D” a nombre de la empresa Navalmar SA (la misma del “Viarsa I”) habían sido denunciados por Australia de utilizar nombres falsos: el “Dorita” decía ser el “Nova Tuna Nº 1″ y el “Arvisa I” se identificaba como el “Kambott” para pescar ilegalmente.

El incidente derivó en una fuerte discusión en la Subcomisión del Comité de Pesca de la FAO para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) a fines del año pasado. No hubo pruebas contra el “Dorita”, pero el “Arvisa I” rebautizado “Eternal” fue capturado por Francia y hundido por la Justicia internacional.

El nuevo caso de pesca ilegal por parte de un barco con bandera uruguaya será uno de los centros de atención en la próxima reunión anual de la Ccrvma, que se realizará en octubre en la isla de Tasmania, donde la delegación uruguaya deberá dar muchas explicaciones por lo ocurrido con el “Viarsa I”.

 

El cangrejo bajo la merluza negra

La huida del “Viarsa I” coloca nuevamente a Navalmar SA en el centro del escándalo. La firma había arrendado el barco pesquero y el uso del pabellón uruguayo a la empresa española “Armadores Vidal”, pero era gestionada a través de la firma “Viarsa Shipping”.

Antonio Vidal, empresario gallego, además de propietario de ambas firmas pesqueras, es presidente del equipo de basquetbol de Rivera y dueño de una compañía de gestión patrimonial denominada Viarsa Cartera Sociedad Anónima. También se lo conoce por su afición a los coches de lujo.

La Asociación de Pescadores Legales de Merluza Negra afirmó en las últimas horas que aunque frente al “Viarsa I” se encontraba un capitán de nacionalidad uruguaya y el barco tenía bandera de ese país, en realidad las decisiones sobre la captura eran adoptadas por la tripulación de nacionalidad española.

La organización, que funciona bajo la sigla Colto, denunció que el mecanismo de arrendamiento de buques de otras banderas obedecía a una decisión del gobierno español que un año atrás anunció que inhabilitaría por 10 años a los pescadores que fueran sancionados por algún delito de pesca.

El anuncio de las autoridades españolas
respondió a la serie de incidentes que su gobierno había tenido que enfrentar en los foros internacionales por denuncias sobre pesca ilegal en barcos con bandera de conveniencia tripulados por españoles. Entre ellos el del “Camouco”, del propio Vidal. En Montevideo, la empresa Navalmar no tiene dirección ni teléfonos registrados. En el ámbito marítimo se asocia a esa firma con el nombre del ingeniero Luis Pasos, quien años atrás fue protagonista del aún inconcluso caso del “Cangrejo Rojo”.

Pasos, de nacionalidad española, era el gerente general de la empresa Naifen SA en la que aparecían asociados los norteamericanos Timothy Kennedy y Francis Miller, el contralmirante Eladio Moll y su hijo Ricardo Moll Grolero, en el frustrado negocio de compra de un barco para la pesca del cangrejo rojo.

El caso implicó un planteo ante el Senado norteamericano para sancionar a Uruguay, y un juicio que derivó en el procesamiento con prisión de los Moll y en denuncias, aún no resueltas, sobre presunto tráfico de influencias, que implicaron en una grabación al hoy diputado forista Julio Luis Sanguinetti.

 

La premonición de García Pintos

Además de un seguro incidente diplomático internacional y repercusiones en el ámbito pesquero español sobre la empresa Navalmar SA, el caso del “Viarsa I” también puede derivar en modificaciones y revisiones de la concesión de permisos y la autorización de proyectos en Uruguay.

Desde hace años entre los palangres se rumorea sobre una serie de irregularidades en el mundo de la pesca uruguaya, que van desde la existencia de “poderes ocultos” a la explotación de pescadores peruanos (que se harían figurar como uruguayos por tener cédula de identidad de residentes).

El 6 de noviembre de 2001, el diputado quincista Daniel García Pintos planteó que el cien por ciento de la tripulación de los buques de bandera nacional fueran uruguayos naturales o legales y que sólo por razones fundadas se pudiera autorizar un máximo de diez por ciento de tripulantes extranjeros.

El legislador explicó que “en los casos de los buques con permiso ‘D’ (como el Viarsa I) se llega a que en muchas oportunidades estos buques ni siquiera descarguen en puertos de nuestro país y, por otra parte, ejerzan su actividad en mares muy lejanos y en ocasiones con convenios regionales, los cuales juzgan su actividad como no apropiada”.

García Pintos ­cuyo primer suplente como parlamentario es el propio director de Dinara, Yamandú Flangini­ predijo que “debe ser más exigente el criterio del uso de la bandera nacional, donde el ciudadano extranjero no tiene el celo en la custodia del buen proceder y prestigio del Estado, como tampoco tenemos medios para exigir que ello ocurra”.

“Hay casos documentales de buques con permiso ‘D’ que arribaron a puerto con un solo marinero nacional, capitán y jefe de máquinas, los que no actúan como tales, sino en coordinación con un patrón de pesca y un maquinista extranjero, que resultan verdaderos conductores de la actividad, y con tripulación de más de treinta extranjeros.

Este buque con bandera nacional pescó en diferentes áreas del mundo, enarbolando y comprometiendo con su actividad el prestigio de nuestro país en el sector”, advirtió entonces García Pintos. *

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