Los casos pendientes de Víctor Lissidini en los distintos Juzgados

Mientras se avanza en estas pesquisas, el abogado del ex director de Aduana, Gustavo Salle, presentó en las últimas horas la apelación por el procesamiento con prisión de su cliente, dictado hace una semana por el juez de Carmelo, Carlos Colmenero. Lissidini fue remitido a la Cárcel de Piedra de Indios por coautoría de un delito continuado de usurpación de funciones.

Uno de los argumentos de la defensa se basa en que en todas las dependencias del Estado se desempeñan personas sin contrato o con los contratos vencidos sin renovar. Pero de los 13 colaboradores de Lissidini que Colmenero procesó antes que al ex director, sólo tres tenían los contratos vencidos, que eran: su principal asesor, Alfredo Bruno; su segundo asesor, Pablo Fernández, y su tercer asesor, Héctor Navarrete. Otros tres de los procesados eran aduaneros, otros tres policías (a los que retuvo ilegalmente en comisión desde octubre de 2002 luego que el ministro de Economía dispusiera el regreso a sus dependencias), mientras que el resto eran «informantes», algunos de ellos con antecedentes penales por contrabando, como el caso de Ignacio Gascón.

Estos «informantes» tenían en la DNA sus propias oficinas, usaban carnés de aduaneros, armas y vehículos oficiales, además de realizar operativos por orden directa de Lissidini. Así quedó demostrado durante las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

Remate de mercadería

En las próximas semanas, según la información recabada en diversas fuentes cercanas a las investigaciones, Lissidini y los otros procesados, como así también otras personas sobre las que pesa un presumario o que aún no han sido indagadas, podrían ser procesadas por otros delitos más «graves».

Entre los casos que la Justicia tiene por resolver figura la orden que Lissidini dio para rematar la mercadería que los policías Roberto Mañana y Edgardo D’Elía le incautaron a un bagayero de Pando. Estos dos funcionarios fueron procesados el 23 de abril pasado en aquella ciudad canaria por concusión, al comprobarse que habían extorsionado al bagayero.

El hombre pagó una suma de dinero y los policías le incautaron algo de ropa para «tapar el ojo», pero no dieron cuenta a la Justicia de esa situación.

Días después, Lissidini firmó la nota 7/03 dirigida a Remates Mauad, indicándole que le bajara el martillo a la ropa del bagayero. Cuando Mañana y D’Elía declararon en Pando, Lissidini también fue citado, oportunidad en la que dijo que estaba facultado para realizar esa acción.

Semanas después, la fiscal pandense Nancy Hagopian remitió a la Justicia Penal de Montevideo una denuncia por esa operativa, que hoy investiga el juez Penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal. Lissidini iba a declarar el pasado viernes, pero la audiencia fue suspendida.

El ahijado

De acuerdo con un informe sobre los asuntos pendientes de Lissidini, que manejan los investigadores policiales y judiciales, otro de los cargos que enfrenta el ex director es apropiación indebida.

Lissidini le había pedido a la empresa Motociclo que le cediera, en calidad de préstamo, una moto para realizar operativos que requerían rápido desplazamiento. Pero él se la entregó a su ahijado, Ruben Luna, que también trabajaba en la Aduana, sin tener ningún tipo de respaldo jurídico, y por eso ahora está preso. La pesquisa de la DNII demostró que no hay registro de la moto en el organismo, y que al irse del cargo Lissidini no le pasó el vehículo a su reemplazante. Inteligencia le incautó la moto a Luna en su casa.

Todo trucho

También en Carmelo se investiga su responsabilidad en el funcionamiento de la aduana paralela o Base II, ubicada en un apartamento de calle Maciel 1343, cedido por el BHU en comodato, a pedido de Lissidini.

Por otro lado, también se analiza su grado de vinculación con en el manejo de un depósito aduanero irregular en la ciudad de Carmelo, maniobra por la cual se ha instruido un sumario administrativo y se ha sancionado a varios aduaneros. Por esta causa, hay un presumario especial que se sustancia en Carmelo.

En esa misma sede judicial, el magistrado y la fiscal Alba Corral procuran establecer las maniobras realizadas por asesores de Lissidini en la Zona Franca de Nueva Helvecia. Se trata de un procedimiento sobre miles de latas de cerveza, propiedad de Washington Resola. El tema es que esa carga ya había sido incautada en enero de 2002 cuando Lissidini no estaba en la Aduana, a pesar de lo cual dispuso el 25 de junio un nuevo operativo, a cargo de dos personas con antecedentes penales. Por este último caso, el viernes pasado hubo actuaciones en el Juzgado carmelitano.

Apoyo

En este marco, Lissidini ha recibido el respaldo explícito del Partido Colorado, como así también de legisladores que integran esa fuerza, o el propio prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa. El último que lo apoyó fue el diputado quincista Jorge Barrera, que lo visitó ayer en la cárcel, luego de lo cual expresó su solidaridad con el ex jerarca.

También lo visitó Manuel Flores Silva, y la semana que viene lo haría el senador del MPP, Eleuterio Fernández Huidobro. Uno de los últimos que le brindó su apoyo fue Esteban Silva, quien fuera procesado por la ex jueza Ana Lima y luego liberado ante la falta de méritos.

Silva, que a poco de salir de prisión montó un estudio jurídico para la venta de sociedades anónimas y el alquiler de vehículos y casas, anunció que a partir del lunes repartirá 50 mil volantes frente a la Suprema Corte de Justicia y el Parlamento, solicitando la libertad de Lissidini, por entender que, al igual que él, es inocente. *