"¿Dónde están los 40 carnés de Aduanas entregados por Lissidini?"

A 48 horas del procesamiento de Víctor Lissidini, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) emitió una resolución recordando que el gremio en varias oportunidades había denunciado las maniobras que se estaban cometiendo en el organismo.

En un comunicado de prensa, que no lleva firma de ningún dirigente, sólo el membrete sindical, se realizan las siguientes preguntas: «¿Dónde están los 40 carnés de Aduanas entregados por Lissidini a esta gente?», en relación a sus asesores procesados; y «¿a cuántos grandes contrabandistas mandó a prisión?».

AFA describió a las personas de las cuales se valió el polémico ex director durante su corta gestión: «informantes que por su condición de tales no podían tener ningún tipo de contrato (sin embargo desempeñaban sus actividades en la Oficina 218); con antecedentes penales que actuaban como asesores de Lissidini; contratos Fuppa (aduana paralela autorizada por la última ley de presupuesto); contratos BID (muchos de los cuales seguían actuando a pesar de que sus contratos estaban vencidos, no obstante contaban con el aval por órdenes del día 100/02 y 6/03, utilizando la infraestructura de Aduana (carnés vigentes, órdenes de allanamiento, armas, vehículos, viáticos, etc.)».

Por otro lado, el gremio sostiene que «de todos los procedimientos realizados en el período en que fue director Lissidini, un muy alto porcentaje fueron efectuados por estos grupos de elite, con el total respaldo, autorización y coordinación del ex jerarca. Muchos de estos procedimientos fueron negativos, convirtiéndose en demandas contra el Estado debido a que los mismos fueron mal realizados».

El comunicado de AFA culmina con una serie de exigencias: «la derogación del artículo de la Ley de Presupuesto donde se crea la aduana paralela (Fuppa) con un costo de hasta 29 salarios mínimos cada uno». También pide cesar «las contrataciones de personas sin ninguna formación e idoneidad en materia aduanera con préstamos de organismos internaciones que implican miles de dólares», y rechaza «las incorporaciones que no cumplen con la normativa vigente, como está sucediendo en Montevideo, Bella Unión y Salto». *