Reabren causa por caída de avión
Esta decisión se contrapone con la visión de la empresa aeronáutica, que en todas las instancias judiciales anteriores apeló los fallos emitidos en Argentina, alegando que la causa tenía que ser investigada en Uruguay, lugar del accidente.
Fue el 10 de octubre de 1997 que el vuelo 2553 del avión McDonnell Douglas DC9-32 de Austral se precipitó a tierra en Fray Bentos cuando se dirigía desde Posadas hacia la Capital Federal. En su momento, la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de Uruguay sostuvo que el accidente ocurrió por un error de lectura del piloto, al creer que iba a baja velocidad en medio de una tormenta, por lo que activó los slats (frenos) en las alas y perdió el control.
El siniestro, que causó numerosas muertes, nunca fue investigado a fondo, y de acuerdo a la denuncia presentada por los familiares de cinco de las víctimas, la nave carecía de algunas normas de seguridad, por lo cual le compete a la Justicia del vecino país la instrucción del caso. El diario Página/12 informó en la edición del pasado viernes la medida adoptada por Corte Suprema, y que ésta implica que el juez Luis Ballestero, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, a casi seis años del accidente en el que murieron 74 personas, y a cinco del inicio de la causa contra la empresa y la Fuerza Aérea, puede citar a los involucrados.
El matutino porteño consignó a su vez que Eduardo Poggi, marido de una de las pasajeras que falleció en el vuelo 2553, dijo que «las indagatorias son la vida del juicio».
Poggi y los otros cuatro querellantes acusaron a la compañía y a la Fuerza Aérea «de haber habilitado el vuelo a pesar de que el avión no tenía una alarma para tubos de Pitot (que indican la velocidad externa de la nave) como establecía el reglamento de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA). Y, a diferencia de lo sostenido por la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de Uruguay, el juez Ballestero y los fiscales Eduardo Taiano y Germán Bincaz, no creen que el siniestro se debió a un error del piloto. Por el contrario, establecieron que el avión no tenía una luz ámbar (que era obligatoria a partir de 1992), la cual indica fallas en los calefactores de los tubos de Pitot y en la medición del velocímetro. El 17 de julio pasado la Corte Suprema remitió el expediente a Ballestero quien podría comenzar con las indagatorias, aunque también declararlas nulas como pide Austral. *
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