Las denuncias por robos en Minas se triplicaron en un año
La información de prensa que imparte día a día Jefatura de Policía de Lavalleja es un fiel reflejo de esta realidad. La sensación de inseguridad en cuanto a los bienes se hace cada vez más patente, con la consecuente proliferación de rejas, mallas, cercos y cerraduras dobles. La coyuntura social cobra su precio, y no son pocos los que ven en el robo una alternativa para comer, en tanto, en otros casos, el latrocinio ya es una forma de vida.
La situación de la institución encargada de velar por la seguridad ciudadana no es la más promisoria para enfrentar esta escalada. Hay 90 efectivos menos en Lavalleja, al no llenarse los cupos que han ido quedando, los cuales fueron ocupados por Montevideo, Canelones y Maldonado, por disposición del Ministerio del Interior.
Asimismo, las unidades de patrullaje están escasas de combustibles ya que disponen de prácticamente la mitad que antes, debido a los recortes decretados. Esto hace que los agentes deban apostarse en puntos fijos, perdiendo la movilidad, esencial para la vigilancia y la prevención.
De acuerdo con la información aportada por el jefe de Policía de Lavalleja, José María Pose Sanmartín, en las últimas horas, el incremento de los robos «se ha visto reflejado en la sustracción de motocicletas y bicicletas; por eso se han triplicado las denuncias: de 60 que tuvimos en marzo de 2002, hemos llegado a 181 en marzo de este año».
El jerarca enfatizó que el análisis de estas denuncias permite aseverar que el aumento de este tipo de delitos se da fundamentalmente por los hurtos de bicicletas. «Es un hecho muy común en el departamento: todo el mundo deja la bicicleta en la calle, nadie les pone candado, carecen de matrícula y registro. Nosotros llegamos a tener más de 100 bicicletas que no sabíamos quiénes eran los dueños. No teníamos cómo identificarlos», dijo Pose Sanmartín.
Según el jerarca, en el caso de los pequeños ciclomotores, la situación es similar.
La Policía y el abigeato
El otro rubro que se está «moviendo» en materia de robos es el ganado, generando reclamos de productores y gremiales -tal como lo ha informado oportunamente LA REPUBLICA– que han alertado acerca del incremento de la desaparición de haciendas e incluso generado proyectos a nivel parlamentario.
«El abigeato ha causado cierta conmoción social, pero la Policía viene trabajando en forma eficaz en relación a los recursos con los que cuenta. Hay un policía cada 33 kilómetros cuadrados, en 12 mil quinientos kilómetros de superficie que tiene nuestro departamento», dijo Pose Sanmartín.
Recordó que recientemente, en coordinación con la Policía de Florida, se recuperaron más de un centenar de ovinos y decenas de vacunos sustraídos en el vecino departamento. Sobre la desaparición de ganado, el jerarca dio una interpretación diferente a las realizadas públicamente hasta el momento, pero que se manejaban a nivel de la calle.
«Más que abigeato, lo que está ocurriendo es faena clandestina. Lo decimos en función de las declaraciones juradas de carniceros y abastecedores que se presentan en Dicose», señaló el jerarca.
Según Pose, esta documentación que registra cada compra y venta de carne en Minas, que cuenta con unos 35 mil habitantes, arroja un promedio de consumo de un kilo por mes y por persona. «Los minuanos somos casi vegetarianos. A ese kilo hay que descontarle un 30 por ciento de hueso y grasa; no obstante eso, ha mejorado el consumo de carne del año 2000 a la fecha. En ese momento el consumo era de 70 gramos, por persona y por mes, lo que equivale a un choripán».
Pose Sanmartín aclaró que «no digo que sean los carniceros, porque se puede vender carne en cualquier lado. Pero sí digo que lo que existe es faena clandestina más que abigeato. Tenemos esa convicción».
Controles
Consultado acerca de los contralores y acciones a instrumentar ante esta certeza, el jerarca recordó que había varios actores sociales en torno a este tema. «Por ejemplo, INAC, el organismo competente. La Jefatura no tiene veterinarios para poder establecer en una carnicería el origen de esa carne, o si es apta para el consumo humano».
También mencionó a la DGI, como organismo fiscalizador y de contralor de la recaudación tributaria.
«Hay muchas entidades que tienen injerencia directa en lo relativo a la faena clandestina, ni más ni menos responsabilidad que nosotros, diría casi igual.
La situación de crisis económica es por todos conocida, hemos intercambiado ideas con otras autoridades, entre ellas el intendente Herman Vergara, para intentar resolver este problema que no es solo de Lavalleja»*
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