Terminó la era Lissidini

El procesamiento con prisión de dos policías que ocupaban altos cargos en la administración Lissidini, por el delito de concusión, fue el detonante que precipitó que el gobierno decidiera un cambio de rumbo. El 2 de mayo pasado comenzó a trabajar en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) un equipo de la Auditoría Interna de la Nación (AIN), por orden del ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, bajo cuya órbita giran ambas dependencias.

Ese mismo día, el director había regresado de Cancún, México, a donde había concurrido para participar de una reunión con sus pares de toda América, más España y Portugal. Había partido el 24 de abril, horas después de que dos policías que revistaban en la Aduana fueran procesados en Pando.

A su regreso el pasado viernes se dirigió desde Carrasco a la Aduana y convocó a una conferencia de prensa para las 16.00 horas. Previamente, según las fuentes de LA REPUBLICA, habría tenido un primer contacto con los auditores, debiendo responder algunas preguntas. Luego ante los medios de prensa, había afirmado categóricamente: «Yo no renuncio».

En torno a esta situación, los informantes revelaron que las primeras conclusiones a las que arribaron los «interventores» no serían favorables a la actual administración. Ayer hubo una reunión a puertas cerradas entre el titular de Economía y Lissidini. Fue entre las 16.00 y las 17.00 horas. En ese encuentro se le habría manifestado algunos detalles del trabajo de la AIN por parte de Atchugarry.

Al ser consultado por LA REPUBLICA sobre la situación, el ministro de Economía sostuvo escuetamente que: «No le he solicitado la renuncia», al tiempo que en declaraciones exclusivas a LA REPUBLICA, el aún jerarca aduanero coincidió con su superior y expresó que fue él quien declinó seguir al frente de la institución.

Sin embargo, otras fuentes que han sido requeridas al respecto, aseguraron que el reemplazo del alto funcionario es un tema que viene analizando el propio Presidente de la República durante la última semana, y que incluso habría mantenido algunas reuniones con los posibles sucesores.

Con el anuncio de renuncia concretado recién en la víspera, se concreta así un nuevo cambio en el organismo, el tercero bajo la gestión del presidente Jorge Batlle: primero se fue Jorge Sienra, después le tocó el turno al capitán Luis Salvo y ahora a Víctor Lissidini. El dato no es menor si se tiene en cuenta que el primer mandatario ha dicho que su gobierno haría de la represión del contrabando uno de sus principales bastiones. Las fuentes requeridas insistieron en que si bien se manejan varios nombres, aún no está definido el sucesor del jerarca. Lo que sí se ha podido establecer es que, sea quien fuere el reemplazante, será un hombre de confianza de Batlle, aunque no necesariamente tenga que ser de su Lista 15.

«Se logró el objetivo»

El diputado Julio Lara, principal gestor desde el ámbito político de las denuncias contra Lissidini, dijo anoche a LA REPUBLICA que: «Se ha logrado el objetivo y el ministro de Economía ha cumplido con su palabra». El legislador blanco, de Alianza Nacional, recordó que el miércoles 30 de abril se había comunicado con Atchugarry y le hizo un repaso de la serie de irregularidades que se venían constatando, solicitándole una definición al respecto.

En este sentido, el entrevistado afirmó que de no haberse recibido «señales concretas», hubiera llegado a la interpelación del secretario de Estado. Consultado sobre el papel que le tocó jugar en este conflicto, el diputado afirmó que «fue un aporte para que la situación fuera corregida, teniendo en cuenta que la Aduana estaba totalmente fuera de control».

«Esperemos  añadió  que el nuevo director cambie los objetivos y que de alguna manera procure una reestructura en la Aduana, tratando de dotarla de los avances tecnológicos y operativos necesarios para su mejor funcionamiento, valiéndose de los buenos funcionarios y de experiencia que los hay en la dirección». Agregó en esta línea que «será fundamental que la nueva autoridad que asuma tenga un buen relacionamiento con el gremio, algo que no ha tenido el actual director».

Polémico

Desde que asumió el cargo el 26 de febrero de 2002 hasta ayer que se conoció su renuncia, transcurrieron 404 días, en los que se ha sucedido una serie de situaciones que motivaron que la gestión del director de Aduanas sea catalogada, al menos, como polémica, ya sea por las personas que eligió para llevar adelante su trabajo, o por sus propias irrupciones mediáticas.

El primero de los sucesos que conmocionaron a la opinión pública ocurrió a poco de asumir, cuando fue detenido por personal policial de Soriano.

Fue en horas de la madrugada que lo sorprendieron dentro de un auto a la vera de un río, con las chapas matrículas cambiadas y con armas en el baúl. Explicó el hombre que los funcionarios no lo reconocieron porque hacía pocos días que estaba al frente de la DNA, y que no había dado cuenta a la Policía de su presencia porque desconfiaba de la misma.

Lo acompañaba un conocido delincuente de aquel departamento y de la capital, sobre quien Lissidini indicó que era un informante y que estaba tras el gran contrabando que ingresaba al país a través del río.

Tiempo después volvió a sacudir el ambiente cuando reveló que había mantenido una reunión en un bar capitalino con «los principales contrabandistas del país», a quienes le pidió que se pasaran a la actividad formal. Los contrabandistas salieron al cruce de estas declaraciones y manifestaron que en realidad el director de Aduanas les había ido a pedir plata para lanzarse a la arena política.

Posteriormente se originó otro escándalo cuando se supo que a su lado trabajaban varias personas con antecedentes penales, como ser el sargento Milton Coito. Y más tarde fue por el pedido en pase a comisión de cinco policías, dos de los cuales terminaron tras las rejas el 24 de abril de 2003, acusados de un delito de concusión, en torno al cobro de una coima a un bagayero de Pando. Este contrabandista grabó una conversación que tuvo con un enviado de la Aduana, luego que se denunciara el caso en la propia institución.

Los procesados, suboficial mayor Roberto Mañana y el sargento Edgardo D’Elía, formaban parte del cuerpo represivo que el 16 de enero fue designado por Lissidini para actuar en todo el territorio, subordinando a cada jefe y encargado de las aduanas locales a las órdenes de estos policías.

Incumplimiento

La decisión de dar superpoderes a estos dos funcionarios policiales en comisión en la Aduana se produjo por las mismas fechas en que se producía el cobro de la coima al contrabandista de Pando. Y se concretó dos meses y medio después que el ministro de Economía dictara una resolución el 28 de octubre de 2002, ordenando el cese de esos pases en comisión.

En virtud de esto, el 5 de noviembre de ese año, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, había dispuesto que Mañana y D’Elía, junto a otros dos policías que también estaban en comisión, se reintegraran a sus labores en la Jefatura de Policía de Montevideo. Entre estos cuatro funcionarios sumaban más de 260 sanciones en sus fojas de servicio. El incumplimiento de las dos resoluciones ministeriales se vio agravada tras el procesamiento de los dos mencionados.

Trece días antes de que la Justicia resolviera los encarcelamientos, Lissidini le solicitó información al subjefe de Policía de Montevideo, inspector principal Nelson Rodríguez Rienzo, sobre cuál era el concepto de los funcionarios en cuestión. Llamativamente, e
l subjefe de Policía le contestó que el desempeño de cada uno de los efectivos estaba catalogado como «bueno», a pesar del cúmulo de sanciones, uno de los cuales contaba por si solo con 149.

Esta respuesta, aportada por Lara a LA REPUBLICA, llegó un mes después que el ministro del Interior, Guillermo Stirling, le contestara un pedido de informes al legislador, en el que detallaba cada una de las amonestaciones que los funcionarios tenían en su haber. Se agrega así un nuevo punto de controversia en torno a esta situación, ya que mientras Lissidini dijo que a los policías se los recomendaron en el Ministerio del Interior, su titular retrucó con que habían sido pedidos con nombre y apellido por el jerarca aduanero.

Triste y solitario final

Uno de los puntos que con mayor énfasis procuran aclarar los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación es, precisamente, todo lo que hace a los pases en comisión de los policías, el no cumplimiento del cese de los mismos y en concepto de qué siguieron actuando en la Aduana y elevados a la responsabilidad de operar en todo el país.

Desde el ámbito político Lara fue el único que atacó su gestión, salvo cuando Lissidini reveló que los mayores contrabandistas del país le habían dicho que aportaban para todos los partidos políticos.

Entonces sí se escucharon voces desde todos los sectores criticando la generalización y reclamando que, de tener pruebas, el director de Aduanas debería presentar denuncias penales. Pero, más allá de eso, el silencio fue generalizado.

Ahora, el director de Aduana perdió el poco apoyo que tuvo. El presidente Jorge Batlle decidió su cambio, según las fuentes consultadas, y una clara señal de eso fue la decisión de Atchugarry de «intervenir» la Aduana.

En este sentido, se aseguró que de no haber presentado la denuncia, a Lissidini le quedaba no más de una semana al frente del segundo organismo en importancia en lo que a la recaudación se refiere. *