"Yo no renuncio"

Recién llegado de Cancún, a donde concurrió para participar de un encuentro con sus colegas de toda América, el director nacional de Aduanas se refirió a los últimos acontecimientos que sacudieron el ambiente aduanero. Los mismos se habían desencadenado un día antes de que viajara al exterior, cuando dos policías pedidos en comisión, que integraban su cuerpo represivo, fueron encarcelados por el delito de concusión.

Lissidini citó a conferencia de prensa en su propio despacho, y uno de los temas a los que se refirió, fue, precisamente, sobre los recientes procesamientos. «Uno es responsable cuando elige», reconoció el jerarca en relación a estos policías, pero aclaró que solicitó informes al Ministerio del Interior antes de seleccionarlos «y hay una nota firmada» en la que no surgían datos para sospechar lo que pasaría.

Se le preguntó por qué Roberto Mañana y Edgardo D’Elía (los remitidos) y un tercer policía no fueron reintegrados a sus puestos en la Jefatura de Policía de Montevideo, como en octubre lo dispuso el ministro de Economía y a principios de noviembre lo refrendó el ministro del Interior. Respondió que antes de octubre había tenido denuncias sobre actos irregulares de estas personas por lo que solicitó el cese, pero luego «me dijeron que era común que cuando en la Aduana se hacen las cosas bien se presenten denuncias» para entorpecer las labores.

En virtud de esto aseguró haberse comunicado con el subsecretario del Interior para pedirle que «dejara en suspenso» el cese de los pases en comisión, porque o se estaba cometiendo una injusticia con los funcionarios, «o le estaba pasando una responsabilidad al Ministerio del Interior si es que habían cometido un delito». Y al ser consultado sobre por qué en enero pasado le dio a Mañana y D’Elía facultades represivas en todo el país, sostuvo que «la única forma de saber qué hacían era trabajando».

Contra Lara

Si bien al principio de la conferencia dijo que no pensaba referirse a las denuncias del diputado Julio Lara, Lissidini en varias oportunidades mencionó al legislador blanco y refutó las acusaciones que éste le lanzara.

En relación al pedido de alejamiento del cargo que hizo el diputado, Lissidini fue categórico: «Yo no renuncio. Los únicos habilitados para pedir mi alejamiento son el ministro de Economía y Finanzas y el Presidente».

Con relación al robo de más de mil expedientes que Lara denunció recientemente, el director de Aduanas dijo que efectivamente se concretó un robo en el Departamento de Inspecciones, pero que son sólo seis los documentos hurtados.

Y agregó que en virtud de los hechos «uno de los responsables del robo fue el que se lo llevó a Lara».

El legislador había realizado el miércoles una conferencia, en la cual pidió una vez más la destitución de Lissidini, al tiempo que presentó una denuncia penal por el robo de un expediente que afecta a un poderoso empresario del whisky. Aseguró Lara que el jerarca tenía implicancias en la sustracción de ese y otros expedientes para «archivarlos», y en la no realización de ninguna investigación en torno al hecho.

Sobre este extremo afirmó que tras conocer el hurto de expedientes el 9 de setiembre de 2002 puso la situación en conocimiento de la Prefectura Nacional Naval y de la Justicia Penal, aportando documentación al respecto.

En este mismo sentido entregó copias de lo actuado con relación al expediente que le llegó a Lara, demostrando que el 23 de abril, antes de partir a Cancún, ordenó la clausura del depósito fiscal propiedad del empresario del whisky.

«Lara hace años que viene haciendo denuncias contra varios jerarcas y nunca pasó nada», concluyó Lissidini el capítulo sobre el legislador.

Contra AFA

Al ser consultado sobre las denuncias de corrupción realizadas por el gremio aduanero, en torno a su forma de conducir la Aduana y sobre las facultades totales que les dio a los policías llegados al organismo en comisión, y que terminaron tras las rejas, exigió de AFA «autoridad moral para hablar de corrupción».

En esta línea dijo que «muchos dirigentes sindicales fueron denunciados penalmente por esta administración porque estarían vinculados a irregularidades en el Departamento Contable por el cobro indebido de viáticos. Hablemos de corrupción, como no, pero hay que tener autoridad moral para hacerlo».

Finalmente señaló que desde que asumió el cargo en febrero de 2002 inició investigaciones contra unos 90 funcionarios y que pidió la destitución de una treintena de ellos. *