Lissidini no acató cese de pases en comisión de tres policías

Esta anomalía fue denunciada por la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA), que además afirmó que esta resolución fue ingresada misteriosamente a las oficinas correspondientes recién el pasado miércoles, es decir cinco meses después. Durante este tiempo se produjeron una serie de episodios que, según las fuentes consultadas por LA REPUBLICA, tornan el caso en graves irregularidades.

AFA pregunta: «¿Esto no es corrupción?». Como se informara en la edición del pasado viernes, con fecha 16 de enero Lissidini designó, mediante una resolución, al suboficial mayor Roberto Mañana y al sargento Edgardo D’Elía como encargados de la represión del contrabando y el narcotráfico en todo el territorio nacional, ordenando que los jefes y encargados de Aduanas de todo el país les brindaran el máximo apoyo.

Mañana y D’Elía están presos desde hace 10 días luego que la Justicia de Pando los hallara responsables de un delito de concusión, en torno al pedido de coimas a un bagayero de aquella ciudad canaria. Actualmente, esa causa continúa abierta y en el transcurso de esta semana han concurrido a declarar varios integrantes del cuerpo de elite, formado por el director aduanero, los cuales revistan en la polémica oficina 218.

Según las fuentes consultadas, otras denuncias similares se están investigando en la sede judicial pandense.

Comisión abortada

El 24 de junio de 2002 fueron pasados en comisión a la órbita de la DNA los funcionarios policiales Mañana, D’Elía, el oficial principal Gabriel Da Silva Rodríguez y Gabriel Alvarez Quereillac.

Pero poco tiempo después, más precisamente el 28 de octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, dejó sin efecto desde ese mismo día los pases de los tres primeros funcionarios mencionados.

En función de esta determinación, su colega del Ministerio del Interior, Guillermo Stirling, mediante resolución del cinco de noviembre, dispuso que Mañana, D’Elía y Da Silva se reintegraran «a su repartición de origen» en la Jefatura de Policía de Montevideo, tal como consta en el documento al que accedió LA REPUBLICA.

Sin embargo nada de esto pasó y en los meses sucesivos se produjeron todos estos hechos que hoy ponen en riesgo la continuidad en el cargo de Lissidini, al tiempo que le traerían complicaciones a nivel judicial.

Más denuncias

En el marco de las investigaciones que sigue el Juzgado de Pando, el director de Aduanas ha tenido que declarar tras ser citado en dos ocasiones. Las fuentes no descartan que tenga que comparecer nuevamente, ya que habría algunos indicios sobre su vinculación con el sonado caso de coimas. El bagayero que denunció la extorsión grabó la conversación que tuvo con un civil que hace de funcionario aduanero, a pesar de no estar habilitado.

El hombre, cercano al director, menciona al número uno durante el diálogo, dando a entender que estaría en conocimiento de los hechos. Paralelamente a esta pesquisa judicial, el diputado Julio Lara inició el miércoles pasado una nueva demanda, en este caso en Montevideo y por el robo de expedientes dentro de la DNA, con la finalidad de negociar con los investigados su eliminación, a cambio de jugosas sumas.

El legislador de Alianza Nacional explicó en conferencia de prensa que radicó la denuncia luego que le hicieran llegar uno de los expedientes robados. El mismo involucra a uno de los principales empresarios del whisky del país, a quien se le habían incautado 71.688 litros de la bebida tras comprobarse que había introducido el producto al mercado nacional, cuando en realidad su destino era el exterior.

La Dirección General Impositiva avaluó la maniobra en 565 mil dólares. Lara afirmó que del estudio del expediente y de la información que ha recabado, «surgen claras responsabilidades del director de Aduanas, como así también de otros diez funcionarios». Y más allá de la acción penal, Lara insistió en que «Lissidini debe ser separado del cargo». *