"Bush permitió que se reanudaran las ejecuciones federales en 2001"

Blancos y negros son víctimas de asesinatos casi en igual número en Estados Unidos, pero el 80 por ciento de las más de 840 personas ejecutadas desde que se reanudó esta práctica en 1977 fueron condenados por matar a blancos, según el estudio.

Los negros representan el 12 por ciento de la población norteamericana, sin embargo constituyen más del 40 por ciento de los condenados a muerte, afirma AI en su informe. «Al menos uno de cada cinco negros ejecutados desde 1977, y uno de cada cuatro negros ejecutados por matar blancos, fueron juzgados por jurados compuestos exclusivamente por blancos. Qué probabilidades hay de que esto suceda sin que intervengan motivos de discriminación?», pregunta el informe.

Uno de cada tres ejecutados es negro. «Estados Unidos pronto ejecutará al que se convertirá en el negro número 300 muerto a manos del Estado desde 1977″, añade. AI manifiesta que el presidente George W. Bush «ha prometido que Estados Unidos se mantendrá siempre firme en lo que se refiere a la igualdad en la administración de justicia. Si eso es cierto, él y otros políticos deben pedir inmediatamente el cese de las ejecuciones, ya que los estudios indican una y otra vez que el sistema de justicia valora más la vida de los blancos que la de los negros».

La organización denunció que «la utilización de los homicidios judiciales por parte de Estados Unidos desmiente la autoproclamada condición de campeón mundial de los derechos humanos que se ha arrogado este país».

«La política de mano dura contra la delincuencia aplicada a la pena de muerte significa que el indulto del ejecutivo no es el mecanismo de seguridad que debería ser. La única respuesta a la falibilidad humana es la abolición de esta pena irrevocable», explica Amnistía.

Una de las características del sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos es el elevado número de errores, cometidos tanto en la fase de determinación de la culpa como en la de imposición de penas, que se descubren en apelación, asegura AI.

Señala que un estudio publicado en 2002 determinó que el color de la piel es uno de los factores que alimentan el elevado índice de error en los casos de la pena de muerte. Amnistía recuerda que desde 1973 más de 107 presos estadounidenses condenados a la pena capital escaparon de la muerte porque surgieron pruebas que demostraron su inocencia.

Algunos estuvieron a punto de ser ejecutados después de pasar muchos años en prisión. Según AI, en todos estos casos hay factores que se repiten: conducta indebida por parte del Ministerio Público o de la Policía, el uso de testimonios, pruebas física o confesiones poco fiables y, en muchos casos, una defensa incompetente.

Sin revocación

En enero de 2000, el entonces gobernador de Illinois, George Ryan, decretó una suspensión de las ejecuciones luego de producirse en ese estado la decimotercera exoneración de un condenado a muerte  desde que se reinstauró la pena en 1977  al descubrirse su inocencia.

La pena de muerte, después de su ejecución, ya no puede revocarse, recuerda la organización de derechos humanos. El tema que plantea AI no es novedoso y ya ha sido discutido en Estados Unidos. El mes pasado, los senadores de Maryland rechazaron un proyecto de ley destinado a suspender todas las ejecuciones tras la aparición de un estudio que ponía de manifiesto la notable discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte en el estado.

Especialmente el estudio había revelado que quienes matan a blancos corren más riesgos de ser condenados a muerte que los asesinos de negros. AI dice que, por ejemplo, «el gobierno de Bush permitió que se reanudaran las ejecuciones federales en 2001 y que continúen este año a pesar de no haber explicado las disparidades raciales en el sistema federal de aplicación de la pena capital».

En la actualidad 76 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 15 aplican la pena capital para delitos considerados «muy graves», como los cometidos en tiempos de guerra. Hay 21 países que mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos diez años, y hay 83 naciones que aún retienen y aplican la pena capital, pero el número de Estados que realmente hace ejecuciones es mucho menor. (ANSA) *