Lara: "Deberían destituir a Lissidini y a los delincuentes que lo rodean"

 Dos asesores del director de Aduanas, Víctor Lissidini, fueron procesados ayer por el delito de concusión, ya que pedían coimas a dos personas que vendían mercaderías de contrabando. ¿Cómo se dieron estos hechos?

 El pasado 2 de abril recibí en mi despacho a la señora Gabriela Bourroso quien me formuló una denuncia de una situación que le estaba ocurriendo a ella y a su padre referida a coimas que le solicitaban funcionarios que trabajaban en Aduanas. Inicialmente le pedían 500 dólares, pero que después la cifra ascendió a 2.000 dólares. Asimismo, nos señaló que había grabado una de las conversaciones en las cuales los funcionarios de Aduanas le solicitan el dinero para no pasarlos a la Justicia.

Ante esta información, me pongo de inmediato en contacto con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, para informarle de la situación y me pidió que llevara a la señora Bourroso a su secretaría para poder recibir la denuncia. Así se procede y la persona realiza la denuncia en el Ministerio. Al día siguiente, la señora concurrió a mi despacho a traer nueva información y la noto muy nerviosa: ella explica que había recibido presiones de parte de los funcionarios aduaneros que luego resultaron procesados.

El jueves 10 de abril me llamó el doctor Walter Carriozo, de la Fiscalía Letrada del Ministerio del Interior, quien me informó que la señora Bourroso se había presentado a intentar levantar la denuncia. Yo le manifiesto que tenía interés en que se concretara la denuncia ante la Justicia y que en lo personal iba a seguir de cerca el tema, porque pusimos un abogado a la orden y que si se quería retirar la denuncia era por alguna razón especial.

Sin embargo, Carriozo me confirma que, de todas maneras, iban a realizar la denuncia penal en el Juzgado de Pando, y que los funcionarios involucrados eran el suboficial mayor, Roberto Mañana Vaamonde y el sargento, Edgardo D’Elía Knuth ambos funcionarios del Ministerio del Interior que estaban en comisión en Aduanas a solicitud expresa de Lissidini.

 ¿Qué tipo de presiones recibieron estas personas?

 La señora Bourroso ya había formulado la denuncia ante Aduanas, por lo que Lissidini lo sabía y obviamente había informado a los hoy procesados que habían grabado las conversaciones. Por tanto, Lissidini tiene una implicancia directa con toda esta situación.

 En enero usted remitió al Ministerio del Interior un pedido de informes solicitando se le comunicara la cantidad de funcionarios que de esa secretaría de Estado estaban en comisión en Aduanas.

 Sí. Estos hechos son la confirmación de las denuncias que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo a raíz de un pedido de informes que realizamos el pasado 16 de enero al ministro del Interior, Guillermo Stirling, en el que solicitábamos, entre otras cosas, la cantidad de funcionarios de esa secretaría de Estado que se encontraban en comisión en Aduanas.

Se nos respondió que eran cuatro los funcionarios solicitados por Lissidini en comisión. Ellos son: el oficial principal Gabriel García Rodríguez, que tenía 95 sanciones en el Ministerio, el agente de primera Gabriel Alvarez Kereilac con 149 sanciones, Mañana Vaalmonde, con 16 sanciones y D’Elía Knuth, con tres sanciones. Entre los cuatro funcionarios suman 263 sanciones.

 ¿Lissidini conocía los antecedentes de estas personas, y cuál es la situación actual de García Rodríguez y Alvarez Kereilac?

 Ellos siguen cumpliendo funciones en Aduanas en comisión con Lissidini, porque él los eligió como personas de confianza. No tengo dudas que Lissidini conocía los antecedentes de los cuatro funcionarios, porque una persona como Lissidini que está a cargo de la segunda oficina recaudadora del país, cuando arma su equipo de trabajo y solicita en comisión a determinado funcionarios debe saber quiénes son. Por otro lado, el director de Aduanas contrató, de acuerdo a la ley de presupuesto, algunas personas que lo asesoran con varios procesamientos que van desde el cohecho calificado, abuso de autoridad, extorsión, encubrimiento de hurto, rapiña, falsificación de documento, estafa y difamación. Entendemos que Lissidini ha tenido una implicancia directa.

 Usted afirma que Lissidini tiene responsabilidades en estos hechos. ¿Es por ese motivo que convocará al Parlamento al ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry?

 Aún no he definido si es un llamado a Comisión o una interpelación, porque todos los días recibo denuncias muy importantes de corrupción y la gente confía en que yo las haga públicas. Atchugarry está totalmente ajeno a lo que pasa en Aduanas, pero también es responsable, junto con el presidente de la República, Jorge Batlle, de mantener en su cargo a Lissidini. Deberían destituirlo inmediatamente, y junto él a todos los delincuentes que lo rodean, para dignificar como corresponde a la Aduana.

 ¿Qué tipo de denuncias de corrupción y a quién involucran?

 Son situaciones que se dan en Aduana, como por ejemplo una denuncia anónima que recibí en mi despacho. Ayer recibí un sobre que contiene una carta de tres carillas, firmada por un «Movimiento Artiguista» y que evidentemente se trata de funcionarios de Aduanas, en la cual nos dicen que: «Hoy lo mejor pago en la Aduana es la desaparición de expedientes y por eso los roban». Es decir que los jerarcas y empleados aceptan coimas de parte de empresarios vinculados al contrabando de cigarrillos y whisky para hacer desaparecer expedientes y sumarios en los cuales se detalla esa operativa. En la misiva se involucra a jerarcas y al propio Lissidini en la maniobra. Junto con la misiva me enviaron el expediente original Nº 2001.01354, compuesto por 400 hojas y que contiene irregularidades de este tipo.

 ¿Realizará denuncia penal?

Sí. Obviamente no me puedo quedar con este expediente porque ha sido robado. Además, en la nómina que se le dio a Aduanas de la Oficina de Sumarios aparece como uno de los 1.200 que se hurtaron.

 ¿Considera que el poder político esta involucrado?

No tengo dudas, porque en 1.200 expedientes hay mucha gente involucrada. Esto es de una gravedad muy grande. Además, no hay una respuesta del sistema político a investigar el tema y ello puede ser también por las ramificaciones políticas que pueda tener. Tiempo atrás propuse la conformación de una Comisión Investigadora para analizar todos estos hechos, pero no se conformó. Ahora opté por realizar denuncias penales para no dilatar los tiempos. *