Dos asesores de Lissidini, procesados por concusión

Los hechos se remontan a una primera intervención de los asesores de Lissidini, cuando detuvieron a un hombre dedicado a la venta de mercadería de contrabando en Canelones, al tiempo que su hija se dedica al mismo rubro pero en ferias de Montevideo. Lo llevaron a la Dirección Nacional de Aduanas, al igual que a su vehículo cargado de contrabando, y lo comenzaron a someter a presiones.

Que si no arreglaba lo iban a pasar a la Justicia y a perder toda la mercadería. Le sugirieron un arreglo en principio de 500 dólares, cifra que fue creciendo. El acuerdo se hizo finalmente y el hombre pagó 1.400 dólares.

Antes de dejarlo retirar, para tapar el ojo, le hicieron una acta de incautación por una veintena de prendas de vestir. Transcurriá para ese entonces enero. Pero la historia no terminó allí, ya que el acoso continuó, y según la denuncia presentada los asesores del director nacional de Aduanas le hicieron nuevas inspecciones y por el mes de marzo, como vieron que era una vía de entrada fácil de dinero pidieron ocho mil dólares.

En esta oportunidad el bagayero se contactó con su hija, ya que el ofrecimiento incluía protección para ambos, en el sentido de poder trabajar tranquilos. La mujer se opuso y radicó la denuncia en la Aduana ante el director, Víctor Lissidini, que inició una investigación administrativa y le dio cuenta de sus resultados al Juzgado Penal de 6º Turno. En ese ínterin el hombre tomó sus recaudos y grabó una conversación con un funcionario aduanero, en donde se relata la forma de realizar los arreglos y las garantías.

De acuerdo con la información recabada por LA REPUBLICA, en la cinta, que duraría más de media hora, aparece detallada toda «la negociación» para acordar el pago de las coimas, escuchándose los nombres de dos asesores como los encargados de este negocio.

El funcionario que concurrió al encuentro finalmente fue dejado en libertad. Con esa prueba en su poder empezó a moverse y se habría presentado una serie de denuncias que nunca prosperaron. Esto determinó que los funcionarios se preocuparan, sin conocer la existencia de la cinta, y entonces realizaron intimidaciones contra la familia. Algunas indirectas como el patrullaje por sus domicilios, y otras más concretas como amenazas de muerte.

Procesados

Los extorsionados entonces se contactaron a nivel político y plantearon el caso al diputado Julio Lara, al tiempo que desde allí se aconsejó la denuncia y el propio ministro del Interior, Guillermo Stirling, escuchó los relatos y la grabación. «Hay que llegar hasta el fondo», fue la expresión del secretario de Estado. La investigación recayó en personal de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), que desanduvo todos los pasos de los asesores.

Las pesquisas fueron puestas en conocimiento del Juzgado Letrado de Pando. Los asesores fueron procesados por concusión, según las fuentes requeridas. Se trata del suboficial mayor Roberto Mañana y del sargento Edgardo Delía, ambos funcionarios del Ministerio del Interior y reclutados por Lissidini meses después de asumir la titularidad de Aduanas, para conformar el denominado «grupo de elite».

En Pando también se investigó todo lo relacionado con los hechos acaecidos en esa ciudad sobre las inspecciones y las intimidaciones. La instancia judicial en la sede pandense arrancó a las 12 del mediodía de ayer y terminó sobre las dos de la madrugada de hoy. Por allí desfilaron decenas de personas, entre denunciantes, imputados y testigos. Entre ellos Víctor Lissidini en dos oportunidades. Una sobre el mediodía, retirándose luego de comparecer.

Parecía que su presencia quedaba completada en ese punto, pero al caer la tarde fue llamado nuevamente y estuvo allí hasta entrada la noche. El director nacional, según las fuentes, ratificó la denuncia en primera instancia y luego explicó cómo son los procedimientos aduaneros y si había constancia de lo que realizaron sus asesores, al tiempo de si él estaba al tanto de lo que acontecía.

Como se mencionaba al principio, hasta el momento son dos los funcionarios procesados, mientras que el tercero que aparece en la grabación quedó desvinculado de la causa. Hoy continúa la instancia judicial, estando emplazado el denunciante, que también podría ser procesado, ya que llegó a efectivizar un pago para poder vender contrabando con el amparo de quienes debían combatirlo. *