La clave política del contrabando a punto de recuperar la libertad

Cuando el presidente Jorge Batlle le declaró la guerra al contrabando y la mafia que operaba a través de la Zona Franca de Rivera (integrada por policías, aduaneros, militares, empresarios y civiles) fue desbaratada, se pensó haber ganado una batalla. Pero el engranaje clave de la estructura criminal, el aduanero Gil Ribeiro  conocido como «el rey informal»  logró fugar a Brasil.

El hombre estaba en comisión en la secretaría del por entonces diputado Ariel Lausarot, por recomendación de otro legislador, Alejo Fernández Chaves, mientras la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) desarrollaba las pesquisas. Cuando se supo que Gil había fugado, fuentes aduaneras habían dicho a LA REPUBLICA que si este hombre caía en manos de la Justicia, el ambiente político iba a temblar.

Después de casi dos años en la clandestinidad, fue detenido en Florianópolis por la Policía Federal de Brasil el 16 de febrero de 2003, por tener documentos brasileños ilegales.

En conocimiento de esta novedad, la Justicia uruguaya inició los trámites para su extradición, los cuales hasta el momento no han llegado a destino.

Alerta

«Pongo un alerta porque si en cinco días hábiles no llega el recurso, el prófugo más importante obtiene la libertad. Es la clave para dilucidar una vinculación entre la mafia organizada y actores políticos», expresó a LA REPUBLICA el diputado Julio Lara, quien ha hecho del tema del contrabando uno de los pilares de gestión, en cuanto a denuncias e investigaciones.

El diputado de Alianza Nacional proporcionó un detallado informe con todas las actuaciones realizadas por las autoridades uruguayas, al tiempo que indicó que el pedido aún se encontraría en la Embajada de Uruguay en Brasilia, cuyo encargado la recibió el 31 de marzo. El 4 de abril llegó a la Cancillería de aquel país y ahora debe ser remitida al Ministerio de Justicia. Así se formalizaría el pedido para extraditar al individuo.

En este sentido, el legislador sostuvo que Gil tiene cuatro abogados a su disposición, quienes han trazado una estrategia con varias puntas. En primer lugar quieren demostrar que Brasil tiene competencia para Juzgarlo. Si obtienen este paso entonces Gil declarará en el vecino país, accediendo de esta manera a una reducción de un tercio de la pena por carecer de antecedentes y la reducción de un tercio de la pena por buena conducta.

Lara señaló que el cuarteto de profesionales le cobra a Gil 500 mil dólares por sus servicios, dinero que el aduanero tendría con creces, gracias a la fortuna que logró amasar a lo largo de los años en que se ganó el mote del «rey informal».

De acuerdo a los plazos legales, quedan cinco días hábiles para que se efectivice el pedido. Si esto no ocurre, Gil saldrá en libertad y ya no se podrá solicitar nuevamente su extradición. *