Cárceles cuestiona el reciente procesamiento de dos oficiales

Se trata de los funcionarios que en mayo pasado intervinieron en un confuso incidente registrado en la sala de visitas. Los presos denunciaron en su momento en cartas entregadas a LA REPUBLICA y a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento que los guardia cárceles originaron un motín para justificar la represión que habría realizado, al tiempo que la autoridad sostiene que el desempeño evitó un alzamiento con toma de rehenes.

Fue el pasado 5 de mayo que los reclusos que no habían tomado parte en el motín del 1º de marzo se encontraban alojados en una sala de visitas del Penal de Libertad. La versión oficial, explicada a LA REPUBLICA por fuentes de la DNC, indica que un grupo de presos ejerció su poder para arrastrar a otros internos a rebelarse. En esta línea, el plan consistía en solicitar servicios médicos para un recluso y así conseguir rehenes.

El episodio, que se recuerda en la interna carcelaria como «el motín chico», derivó en un enfrentamiento entre policías y procesados cuando los funcionarios advirtieron algo irregular. Las fuentes explicaron que al llegar los médicos y al abrir la puerta del lugar donde se encontraban, los complotados intentaron dominar al menos a uno de los oficiales, quien «zafó por poco». Entonces se cerraron las puertas y se desató el caos.

Barricadas

La situación se tornó más que violenta, según las fuentes, al punto que la mayoría de los presos comenzó a destruir todo el recinto y armó barricadas para protegerse del accionar de la Policía. Los oficiales intentaron un diálogo para que los internos depongan su actitud, pero sin éxito.

Entonces, ante la magnitud que adquiría el problema se solicitaron apoyos, concurriendo los grupos de retén. Hubo tiros, gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo antes que la situación volviera a poder de los carceleros. Hubo presos heridos, según se reconoció en la oportunidad.

Desde un primer momento los presos rechazaron la versión oficial y aseguraron que se trató un montaje de la autoridad para justificar «los palos que habían pegado sin razón alguna». El caso derivó a la Justicia letrada de San José, cuyo titular, Oscar Núñez Ramallo, no hayó méritos ni pruebas para procesar a los policías actuantes tras indagar el asunto.

Sin embargo, el 13 de diciembre pasado, siete meses después, el magistrado remitió a los dos oficiales que estuvieron a cargo del procedimiento, tal como fuera informado por LA REPUBLICA. De acuerdo con la información recabada por este diario, el juez abrió otro expediente por los mismos incidentes, en este caso a raíz de la denuncia particular de un preso que terminó con lesiones durante el «motín chico».

Cuestionamientos

Las fuentes señalaron que «se investigaron dos veces los mismos hechos», situación que catalogaron de «irregular». En este sentido afirmaron que de haber surgido novedades al respecto se tendrían que haber anexado en el expediente abierto tras el problema y no armar una nueva causa.

Pero los cuestionamientos no van solo en este sentido, ya que se considera, y es lo que se procura demostrar, que los funcionarios actuaron ajustados a derecho y por tanto no podrían haber incurrido en abuso de autoridad. Se trata de dos policías jóvenes que cuentan con el respaldo del comando carcelario, que realizará todas las gestiones que están a su alcance para demostrar la inocencia de los mismos.

Como se mencionaba al principio, se considera injusta la decisión judicial. Las fuentes hicieron notar que la actual directiva de Cárceles, a cuyo mando se encuentra el inspector principal Enrique Navas, viene realizando una lucha frontal contra la corrupción interna.

Más de 40 sumarios en proceso y el pasaje a la Justicia de varios casos de funcionarios infieles lo demuestran, según argumentaron.

La referencia fue en el sentido de que no existen reparos a la hora de bajarle el pulgar a aquellos que actúan fuera de la normativa, y que defender a los dos oficiales se enmarca dentro de la misma lógica. Ambos policías están bien conceptuados por las autoridades y más allá de ello no se hallaron evidencias para dar credibilidad a la versión de los presos, como sí ha ocurrido en otras situaciones.

Una posición similar habían adoptado las autoridades cuando fuera procesado otro policía, fallo que fue apelado por la DNC, obteniendo recientemente la excarcelación del funcionario y después de la feria judicial mayor se espera que sea absuelto. Igual resultado se espera obtener con estos dos oficiales que aún permanecen en prisión. *