Denuncian a cinco abogadas de Young ante la Suprema Corte

Estos ciudadanos se reunieron semanas atrás con el presidente de la corporación judicial, Gervasio Guillot, y le informaron lo que consideran una larga serie de graves irregularidades y abusos cometidos por las abogadas.

Desde Young, en representación de decenas de habitantes de esa ciudad del departamento de Río Negro, se hicieron presentes catorce personas en la sede de la SCJ para denunciar abusos que dijeron haber sufrido de parte de un grupo de abogadas que ejerce en esa ciudad y que son o fueron asesoras legales del Banco Hipotecario (BHU), del Banco de Seguros del Estado (BSE), del Banco República (BROU), Cofac y ACAC, todas estas instituciones de gran relevancia en esa ciudad.

Las abogadas cuestionadas son Alicia de León, Alicia Rodríguez, Ana Vela, Paola Martiní y Adriana Sarachaga. Algunas de ellas denunciaron a un grupo de ciudadanos de Young que firmaron una carta criticando la forma en que ejercen la abogacía. Por ello fue abierto un expediente a cargo del juez Penal de 12º Turno, José Ferreira, y del fiscal Penal de 4º Turno, Enrique Moller.

Los magistrados tomaron testimonio a decenas de los firmantes de la carta que viajaron especialmente desde Young a Montevideo, así como a las denunciadas. Resolvieron archivar el expediente y enviar copia de las actuaciones al juzgado de Young, para que se analizara si había mérito para iniciar allí otro expediente sobre la conducta de las profesionales.

La SCJ ya inició sumario a la jueza de Paz Rural de la localidad de Grecco (Río Negro), Eve Grecco, quien a su vez ejerció en algunas ocasiones como jueza departamental de Young, debido a una denuncia en su contra que informó de expedientes a su cargo que tenían como una de las partes a su nuera, la doctora Ana Vela. Grecco también fue jueza en otros casos donde actuaron las abogadas socias de su nuera. El sumario, que está en proceso, se encuentra a cargo de la jueza de Fray Bentos, Teresita Maccio.

Testimonios

Entre quienes se hicieron presentes en la SCJ estuvieron dos ex trabajadores de un molino de Young, Jorge Silveira y Eriberto Machado, quienes denunciaron lo que les sucedió con tres de las abogadas cuestionadas. Ambos comentaron a LA REPUBLICA su historia. «Junto a un grupo de compañeros estuvimos con estas tres profesionales desde octubre del 98 hasta setiembre de 2000. Teníamos un despido para cobrar y estas tres abogadas estuvieron en el caso, las doctoras Alicia de León, Alicia Rodríguez y Ana Vela. Como hacía ya un tiempo que nos llevaban a cuento, empezamos a sospechar que algo estaría pasando y vimos a otra profesional. Dos de nosotros fuimos al juzgado Letrado porque estas doctoras nos decían que no podíamos ver los expedientes, que no lo permitía la jueza Letrada de primera instancia, María Elena Díaz Mainard. Decidimos consultar a otra profesional y cuando el 1º de setiembre del año 2000 llegamos al juzgado, nuestro expediente estaba para archivo desde el 31 de agosto, las abogadas habían llegado a una transacción con el demandado, el señor Harlington Codenian. Ellas omitieron la ley al llegar a una transacción sin el consentimiento nuestro; no sabíamos nada de que habían llegado a una transacción y que se había archivado el caso. Fue así que el 4 de setiembre les dimos el cese a las tres profesionales al sorprendernos por lo que sucedió».

«Cuando conseguimos el expediente pudimos ver varias irregularidades en él. Le devolvieron los camiones que habíamos embargado. Incluso, nosotros vendimos por toda la ciudad de Young harina porque nos habían pedido que una parte del embargo de harina la vendiéramos para cobrar nuestros despidos. Le entregamos toda la plata a las abogadas y cuando fuimos a recuperarla no nos dieron ni un peso, se lo quedaron por honorarios. Pasamos muy mal económicamente. Incluso estas abogadas nos embargaron y no sabemos qué hacer por la falta de ética profesional», añadieron.

«Vinimos a la SCJ ahora, pero anteriormente ya habíamos estado en el Colegio de Abogados (CAU) y en el Parlamento; en todos lados se sorprendieron por lo que nos ha pasado. Le mandamos una carta al CAU, a la SCJ, al BHU, donde fue destituida la doctora De León. Pero como no les bastó lo que nos hicieron, nos presentaron dos denuncias. La primera cuando le mandamos una carta al gerente general del banco ACAC, porque como la doctora Vela trabaja en él y la doctora Rodríguez en Cofac, decidimos llevar esa inquietud al gerente general de ACAC. Ella dijo que la estábamos quemando y decidieron hacernos una denuncia Penal en el juzgado de 11º Turno. Por nuestra parte nos representó quien ahora es nuestra abogada, la doctora Jaqueline Portella –gracias a quien estamos cobrando el despido–, y el doctor Víctor Della Valle. Por la contraparte fue el señor Gonzalo Fernández; nunca pensamos que siendo del Frente Amplio, asesor de Tabaré Vázquez y estando del lado de los trabajadores, fuera en contra de nosotros. Ganamos ese caso porque se archivó», expresaron Silveira y Machado.

«Hoy estamos aquí porque lamentablemente hemos ido decenas de veces al juzgado de Young y todavía nos siguen molestando, nos quieren cobrar 145 unidades reajustables a cada obrero por un caso que no cobramos ni siquiera cinco centésimos. Entonces vinimos a la SCJ para que se haga justicia, porque lo que pidió el fiscal Moller en la otra denuncia que nos presentaron en el Juzgado de 12º Turno fue que se pase todo lo actuado a la Justicia de Young y el juez Ferreira lo aceptó. Pero por todo esto que nos ha pasado todavía no se ha hecho nada, y si no pasa nada vamos a tener que volver a la SCJ. Se tiene que investigar a las abogadas de Young. La jueza Mainard que fue trasladada a Cerro Largo no hizo absolutamente nada. Los trabajadores nos sentimos perjudicados moral y económicamente, y queremos que se haga justicia».

«Tierra de nadie»

El químico farmacéutico Miguel Picasso también se considera perjudicado por el desempeño profesional de este grupo de abogadas. Recordó: «Luego que firmamos una nota que salió en un denuncia hacia el BHU, la SCJ y el CAU –que por supuesto con mucha convicción firmé– la doctora De León nos denuncia a los 47 firmantes de esa carta ante el Juzgado Penal de 12º Turno; esa denuncia fue archivada por el juez y el fiscal actuantes. Por todas las cosas que dijimos el fiscal y el juez pidieron que se investigara las conductas de estas abogadas, pero todo eso va a Young y se archiva».

«Vinimos a informar y denunciar ante el doctor Guillot los atropellos que surgen de todo esto, porque allá parece tierra de nadie. Gran parte de la culpa en mi caso fue del BHU que incomprensiblemente no puso el dinero que deposité en mi cuenta. No fue el mío el único caso. En segundo lugar está la actitud de la abogada; mientras yo cumplía el convenio igualmente me ejecutó incluso por arriba de las autoridades gerenciales del BHU. Nosotros no estamos luchando ni contra ACAC, Cofac, ni el BROU, sino que estamos luchando por cómo están actuando estas abogadas, con infidencias, con prepotencia, valiéndose de cualquier tipo de cosas y destruyendo», concluyó Picasso. *