Comerciantes salteños acusaron a la Aduana local de "ineficaz"

Miguel Angel Errea, presidente de la entidad que nuclea al empresariado salteño, aseguró que de las 32 empresas involucradas en las declaraciones de Toja, solamente trece son socias del Centro Comercial, pero ninguna de ellas es propiedad de algún integrante de su actual directiva.

Luego de una reunión mantenida anoche con los socios implicados en este sonado caso, que vuelve a poner de contrapunto a empresarios y aduaneros, los directivos de la gremial del comercio local anunciaron que están a la espera de los resultados de la investigación, porque si de la misma no surgen elementos que concuerden con lo manifestado por Toja, exigirán la retractación o tomarán acciones penales en ese sentido.

«Debemos aclarar, antes que nada, que el Centro Comercial como institución siempre ha bregado, ha pedido y seguirá pidiendo, que se realicen los controles, tanto sea a socios como no socios, sobre todo en el caso de aquel que se encuentre en infracción aduanera. Lo hemos recalcado y lo seguimos manifestando mediante pedidos en la Receptoría de Aduana, lo hemos hecho ante la Dirección de Aduanas de Montevideo, y también hemos librado comunicaciones hasta la Presidencia de la República», sostuvo el gremialista.

No dejaron los titulares del CCIS de resaltar: «Lo que nos asombró en este procedimiento fue la forma en que se realizó, de lo cual nos enteramos por medio de la prensa. Sobre todo nos sorprendió su divulgación. Desde que está el receptor de Aduanas en Salto creo que nunca había realizado una conferencia de prensa, pero en este caso preciso lo hizo dando a conocer nombres y situaciones, quizás adelantándose a determinados conceptos que los tendrá que comprobar en el futuro».

Como se informara en la pasada edición, los aduaneros salteños detuvieron a un argentino cuando llegaba a la ciudad en ómnibus desde la vecina orilla, cargado con varias cajas. Una vez revisadas, se descubrió que eran stickers con nombres, direcciones y teléfonos de 32 comercios salteños, cuyos datos aportó Toja. Dijo a su vez que los propietarios de esos locales habían incurrido en evasión fiscal porque no había boleta de ningún tipo que avalara la operación.

«Aduana ineficaz»

«De esas empresas que fueron involucradas, hay trece que son socias del Centro Comercial y el jueves de noche estuvieron presentes aquí. Cada cual manifestó la forma en que procedió y qué fue lo que pasó, y en todos los casos fueron situaciones similares, lo que lleva a considerar que fue prácticamente una estafa de parte de quien tenía a la venta esos stickers», alegaron los directivos de CCIS.

«Vamos a tratar de reunir todas las declaraciones que se están haciendo en la Dirección de Aduanas a efectos de evaluar definitivamente el asunto. Luego de que la Aduana dé la información final, verificaremos que esté de acuerdo con las manifestaciones hechas hasta el momento, porque de no ser así creo que tendrá que retractarse y habrá, en caso contrario, acciones penales», anunciaron los comerciantes.

En este mismo sentido expresaron: «Se está estudiando realizar acciones penales contra la persona que ofrecía esta mercadería, que no sabemos si todavía está en el Uruguay. De acuerdo con los comerciantes involucrados, este hombre manifestó que provenía de Río Negro o Fray Bentos, y respecto de las facturas dijo que vendía con ellas a efectos de realizar el cobro. Varios de los que estuvieron presentes señalaron que no habían confirmado el pedido y que esta persona, mediante una estrategia muy hábil, les pedía que le facilitaran una tarjeta o un logotipo porque les iba a traer muestras para saber si estaban de acuerdo para luego vendérselas», explicaron los directivos de la gremial.

«Extraña la forma en que el receptor de Aduanas parece dirigirse directamente al Centro Comercial como involucrado. Hay otras manifestaciones, como la que dice que siempre se le pidió que se sacara el bolsito del jubilado, pero eso no es así. Lo que hemos venido sosteniendo es que la Aduana de Salto era un organismo totalmente ineficaz en sus controles, porque es de público conocimiento la cantidad de mercadería ilegalmente introducida al departamento, al punto que quizás sea mayor la comercialización del sector informal que del formal».

«En ningún momento el Centro Comercial le pidió que se sacara al jubilado o al pobre su bolsito; eso jamás. Lo que se pidió es que se controle ese ingreso totalmente descontrolado, que todos conocemos y que es muy difícil de probar en los hechos», concluyó el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Miguel Errea. *