¿Son confiables las instituciones colombianas?

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El presidente de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje el lunes 20 de Mayo reciente donde aclaraba que si su gobierno y el Estado colombiano no extraditan al dirigente político Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, militante y dirigente varios años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora propuesto al Senado por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, colectividad surgida tras los Acuerdos de Paz logrados entre la organización insurgente y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, entonces las instituciones colombianas perderán ante el mundo, sobre todo ante Estados Unidos, su confiabilidad.

Veinte años atrás, en 1999, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana Arango participaba en un proceso de diálogo con los dirigentes de las FARC se alertaba sobre la acusación en Estados Unidos al ex gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Velez, de tener vínculos con el cártel cocainero de Medellín, fundado por Pablo Escobar Gaviria en la década de 1980.

Los colombianos se preguntaban acerca de una posible candidatura de Uribe Vélez a la Presidencia: ¿serán confiables las instituciones colombianas ante el mundo y ante nosotros? Independientemente de la confiabilidad de las instituciones colombianas, el ex gobernador Álvaro Uribe Vélez, fue candidato a la Presidencia, retiraron su nombre de las listas de la DEA estadounidense y se reeligió. Fundó nuevos partidos políticos, se declaró “Defensor de la Libertad” y ferviente opositor del “Castro-chavismo”. Para demostrar ese amor por la libertad, ordenó una invasión a territorio de Ecuador al concluir el mes de Febrero del año 2008.

Sus militares asesinaron en Sucumbíos al comandante de las FARC, Raúl Reyes y a varios civiles que se encontraban en un Campamento de Diálogos para la Paz, entre ellos a los cuatro estudiantes mexicanos que asistían. Se trató de Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo, Soren Ulises Avilés Ángeles y Verónica Natalia Vázquez Ramírez.

Después de la masacre y por vía telefónica, el presidente Uribe pidió comunicarse con su colega, el ecuatoriano Rafael Correa Delgado para solicitarle el permiso de que sus tropas colombianas entraran a Ecuador.

Los procesos de paz que se han realizado en Colombia desde cuando fue presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) han fracasado porque desde el Estado, los diferentes gobiernos interpretan un Acuerdo de Paz, con la rendición absoluta de los insurgentes y su abandono de los ideales que les dieron origen, entre ellos el principal: luchar por conseguir la Paz con Justicia Social.

Después de las ceremonias donde se firma ante el Mundo el compromiso de buscar y construir la Paz, los organismos de la llamada Seguridad, militares, policías, narcotraficantes, paramilitares, mafiosos de todos los colores, comienzan a desarrollar sus proyectos de Intimidación y Exterminio. Así lo hicieron contra los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica durante las décadas de los años 1980 y 1990.  Ahora reeditan algo similar en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Informes del Departamento de Medicina Legal y del Indepaz dan como resultado que 317 líderes sociales colombianos fueron asesinados entre el primero de enero del año anterior (2018) y el 30 de abril del presente 2019.

En medio de la campaña de intimidación contra la izquierda colombiana, el 9 de Abril de 2018 fue detenido Zeuxis Pausias Hernández Solarte, senador por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Lo acusan de complicidad con grupos de narcos en el supuesto envío de varias toneladas de enervantes desde territorio colombiano hacia Estados Unidos el país que tiene el mayor número de enfermos por adicción a las drogas, debido a su alto nivel de consumo en la llamada primera potencia mundial que se destaca por su permanente injerencia en las naciones de todos los continentes durante la historia reciente.

Después de varias investigaciones, acusaciones y montajes contra Jesús Santrich (Hernández Solarte), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), anunció el miércoles 15 de Mayo, que Santrich debería ser puesto en libertad y de esa manera evitar su extradición a los Estados Unidos. Veinte minutos después la Fiscalía General de la Nación ordenó su recaptura y desde Estados Unidos se aplaudió la decisión del gobierno de Iván Duque, el actual mandatario, cuyo principal asesor es el ex presidente Uribe Vélez, amigo del extraditable Pablo Escobar Gaviria y adversario total de los dirigentes “castrochavistas” de las FARC.

Mientras avanzan las acusaciones, montajes, contradicciones así como la defensa, las denuncias y las protestas por la detención de Jesús Santrich y su posible deportación a Estados Unidos, se tambalean los acuerdos de paz, como en anteriores procesos similares y la opinión pública nacional colombiana e internacional tiene muchos argumentos para pensar que las instituciones de Colombia no son ni serán confiables hasta que el país suramericano tenga un gobierno dispuesto a promover la Paz con Justicia Social.

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