Una Justicia independiente

En momentos de crisis –económica, social y moral– como los que estamos viviendo hoy, el colectivo social dirige sus dardos contra los políticos, el gobierno, las instituciones y el Estado en general, pues ven en ese todo indiscriminado al responsable de las penurias e injusticias que vive la población.

Aunque explicable, ese sentimiento fuertemente escéptico de descreimiento en la cosa pública puede resultar altamente pernicioso pues es un terreno fértil para las soluciones autoritarias, mesiánicas o populistas.

Cuando en Argentina se exige «que se vayan todos» en referencia a los gobernantes, diputados y senadores, se está abriendo la puerta para que outsiders, individuos ajenos a partidos, militares pseudonacionalistas, irrumpan en la vida política como salvadores con el riesgo que ello conlleva.

La administración de Justicia tampoco es ajena a las críticas de la sociedad. Como parte integrante del Estado, no escapa a la censura de una sociedad que se siente estafada por el poder y por las autoridades. Con motivo del aumento de la delincuencia, es muy común oír comentarios que atribuyen a los jueces una buena cuota de responsabilidad en el fenómeno. Se les recrimina excesiva indulgencia en las penas que aplican o directamente se los acusa de dejar en libertad a individuos que habían sido aprehendidos por la Policía.

Se ha generalizado una confusión que hace que la gente olvide que los magistrados deben limitarse a aplicar las leyes elaboradas por el Poder Legislativo, y no pueden apartarse de los mecanismos procesales previstos. Y que si la Policía no aporta pruebas que incriminen a un detenido, es imposible que el juez lo encarcele.

Con motivo del procesamiento de los Peirano, hemos podido oír críticas varias. Una de ellas apunta al lugar en que cumplen su reclusión y señala el trato privilegiado que reciben en comparación con el que debe sufrir un ladrón de gallinas. No se tiene en cuenta que ese asunto escapa a la competencia de la Justicia pues es de resorte del Ejecutivo. También es común el reproche de que los delincuentes de guante blanco son condenados a penas mucho menores que las que deben purgar ladrones y rapiñeros comunes. Se ignora que ello es así porque la legislación penal –producto de la actividad legislativa de una sociedad capitalista– así lo ha resuelto: se es benevolente con los delincuentes de cuello duro e implacable con los otros.

En los últimos días varios fallos judiciales han demostrado que la Justicia mantiene su más absoluta independencia, y que en la medida que disponga de pruebas y de normas en las que apoyarse, es capaz de castigar con imparcialidad a los infractores, sean quienes sean.

Los procesamientos de banqueros, de jerarcas gubernamentales, del ex canciller Juan Carlos Blanco, son muestras elocuentes de lo que afirmamos.

Y también lo es el fallo del juez Homero da Costa que tipificó el delito de violencia privada a algunos militantes del gremio municipal por las agresiones a periodistas. Entendemos que es un profundo error atribuir a este fallo, como lo ha hecho algún dirigente sindical, intenciones espurias de incriminar la lucha sindical o de «transferir a la Justicia la lucha de los trabajadores. En modo alguno están en juego el fuero sindical ni la libre actividad de los trabajadores agremiados.

Aquí hubo un delito cometido por algunos integrantes del sindicato, y la Justicia actuó, con ecuanimidad e independencia, de acuerdo con las leyes. *