Un país y dos lenguajes oficiales

La afirmación realizada por el presidente Batlle de que por la presión de Julio María Sanguinetti y de Luis Alberto Lacalle, hasta el momento no se han integrado, como establece la Constitución de la República, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, conlleva una constatación sumamente grave.

Quiere decir, con todas las letras, que por razones de política menor se violenta lo establecido en nuestra carta magna y que el gobierno, consciente de ello, no hace absolutamente nada para imponer la legalidad. ¿Cómo es posible que esos dos organismos se encuentren integrados, todavía, de acuerdo con el resultado de la elección de 1994? ¿Que los últimos comicios no hayan sido tenidos en cuenta?

Las negociaciones han sido largas y se iniciaron en el marco de la asunción del nuevo gobierno. Han pasado más de dos años y esa ilegalidad, flagrante, se mantiene. El tema es tratar de comprender la razón de que esos dirigentes sigan firmes en su decisión de violar la Constitución, manteniendo congelada la situación.

Se han manejado públicamente supuestas intenciones, bastante lamentables, en torno al funcionamiento de la Corte Electoral. Se afirma que con su actual integración podría, eventualmente, anular una elección. Se está diciendo, en esa versión que desechamos por absurda, que tanto Sanguinetti como Lacalle, ante un posible triunfo de la izquierda, especulan con una posible suspensión del acto comicial por parte de la Corte Electoral. De configurarse esa barbarie, estaríamos ante una acción que subvertiría todo nuestro ordenamiento legal.

Dejando de lado tamaña versión, debemos preguntarnos cuáles son la verdaderas razones de ese «ninguneo» que ya lleva más de dos años. Esa prescindencia que se concreta en una situación contradictoria que se produce cuando representantes del propio gobierno, como el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, y el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, han reconocido que el reclamo del Encuentro Progresista – Frente Amplio, no es sólo justo sino que debe ser atendido de manera inmediata.

El diálogo entre el gobierno y la izquierda ha sido siempre difícil, en lo fundamental, porque existen diferencias ideológicas inconciliables. Sin embargo hoy, cuando todo el país reclama medidas de reactivación, la relación entre las fuerzas progresistas y el gobierno ha ingresado en un nuevo capítulo. El doctor Vázquez le ha dicho al presidente Batlle que el EP-FA está dispuesto a colaborar en todas las soluciones posibles, poniéndole el hombro al país. Usando sus propias palabras, ello no significa ni mucho menos, firmar un cheque en blanco, pero sí tratar de estudiar en conjunto a nivel parlamentario medidas de consenso que permitan –en esta primera instancia– tratar de sortear el descalabro brutal que vive el sistema financiero.

El paso de la izquierda es importante, como la disposición del gobierno, dispuesto a escuchar posiciones y a aceptar ideas vengan de donde vengan. Atchugarry afirmó que el proyecto de ley para buscar salidas para la crisis del sistema financiero se ha hecho sin manejar esquemas ideológicos. El objetivo es encontrar las mejores soluciones para la emergencia.

En el país se están hablando dos lenguajes diferentes. Uno el intransigente, de poner piedras para que no se cumpla lo que establece la Constitución, y el otro –negociador–, que afirma que no existen esquematismos y que es necesaria la unidad nacional. *