En defensa de Juan Carlos Blanco
En un extenso reportaje publicado en El País, la esposa del ex canciller formula una serie de apreciaciones sobre la situación a la que está expuesto su marido, procesado por la Justicia uruguaya.
El contenido de la nota nos muestra con mucha elocuencia una parte de la realidad que hasta ahora había permanecido a oscuras. No deja de ser un factor positivo suplementario del acto de justicia que encarceló a Blanco, esta expresión de sinceramiento, esta exhibición sin rubores de una determinada mentalidad.
La entrevista, llevada con gran solvencia técnica por los periodistas, podría hasta constituirse en una suerte de documento o testimonio viviente de una manera de pensar y de sentir.
No hay duda que a la señora Rocío Larrieux de Blanco la mueve un comprensible y respetable deseo de favorecer la situación de su esposo. No obstante, la naturaleza de sus apreciaciones sobre secuestros, torturas y derechos humanos no dejan de tener un aire demasiado parecido al que exhalaban las ceremonias, los desfiles y proclamas, las leyes, los decretos y las depuraciones producidos durante la dictadura cívico-militar.
Es la misma estructura ideológica que exhiben los partidarios de Videla en Argentina y de Pinochet en Chile, para mencionar algunos de los más conspicuos ejemplos de los sistemas de terrorismo de Estado en esta parte del mundo.
De acuerdo con el alegato de la señora Larrieux de Blanco, su esposo, ante la instancia del golpe de Estado de junio de 1973 sintió que su deber era estar del lado del gobierno. Tenía prestigio y quería ponerlo al servicio del régimen.
En una singular interpretación del sentido del deber y de los sacrificios patrióticos sostiene que «hubiera sido más fácil para él (Blanco) cruzar la calle, pararse en la otra vereda y ponerse a gritar y despotricar contra todo y contra todos».
En aras de transitar el camino más sacrificado, al que le conducía la voluntad de Dios, Blanco prefirió soportar las adversidades y sinsabores del poder, junto con los militares y civiles golpistas que instauraron la dictadura.
Con devoción y unción patriótica prefirió ese camino escarpado. No hizo como Zelmar Michelini o Héctor Gutiérrez Ruiz. O tantos otros que, eligiendo el camino más fácil –al decir de la señora– se beneficiaron luego de las prisiones y torturas con que el régimen templaba su espíritu y ponía a prueba su recogimiento patriótico.
Realmente este enfoque sería irrisorio si no contuviera una dosis tan alta de tragedia: esas cabezas, como las que citamos, existían.
Y era desde ese pensamiento que se gobernaba al país, convertido en cárcel, entre los años 1973 y 1985.
El país estaba en guerra, se sostiene. Y como el país estaba en guerra, una guerra que no se vacila en comparar con la Segunda Guerra Mundial, todo se justificaba para que Uruguay saliera airoso de la contienda.
No en vano no faltan quienes han considerado a Juan Carlos Blanco como uno de los forjadores de la versión uruguaya de la Doctrina de la Seguridad Nacional, especialmente referida a la elaboración del concepto según el cual en aquellos años el mundo vivía en tiempos de una Tercera Guerra Mundial.
Desde esa convicción de cruzados, Blanco y los demás integrantes de la cúpula cívico militar justificaban cualquier tipo de atrocidad. El secuestro de Elena Quinteros, su desaparición, las torturas, la persecución a los exiliados uruguayos en la Argentina, la incitación a la patota argentina para que los destruyera. Todo se justificaba porque vivíamos en guerra.
Como referencia meritoria, se recuerda ahora que Juan Carlos Blanco defendiendo a la dictadura ante las gestiones de un diplomático inglés comparó a las personas que en Uruguay eran torturadas con los soldados nazis capturados en la guerra.
Su solidaridad con las atrocidades del Estado terrorista era total e incondicional. Todo le estaba permitido a los centuriones de la dictadura: estábamos en guerra. Y esa guerra había que ganarla a cualquier precio.
Con cabezas como éstas se siente que no hay mucho que discutir. Más bien, que habría que exorcizarlas. *
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