La responsabilidad de los civiles colaboracionistas

Como consecuencia de las acciones judiciales contra Juan Carlos Blanco –ya procesado– y contra Juan María Bordaberry, el diputado García Pintos advirtió que la Ley de Caducidad exhibía lagunas y presentó un proyecto de ley que pretende corregirlas. El dirigente colorado habla de ciertas «fisuras» en el manto de amparo con que se pretendió proteger a los terroristas de Estado, fisuras a través de las cuales se filtra la implacable acción de la Justicia. De lo que se trata en definitiva es de extender la impunidad también a los civiles colaboracionistas, autores directos de delitos de lesa nación y cómplices de los de lesa humanidad.

Pero no son los aspectos jurídicos el objeto de esta nota. Nos interesa destacar la responsabilidad de esos funcionarios civiles, muchos de ellos con títulos universitarios, que no vacilaron en desempeñar el triste papel de prestarse a dar un barniz de legitimidad al régimen de facto.

Al respecto, es ilustrativa la entrevista a la esposa del doctor Blanco que publica El País en su edición de ayer. Preguntada sobre si el entonces canciller recibía reclamos internacionales por las violaciones a los derechos humanos, responde narrando una anécdota que viene a ser el reconocimiento casi explícito de que no se respetaban los derechos humanos y su consiguiente justificación. Dice la señora Rocío Larrieux de Blanco que en oportunidad de una visita que el encargado de DDHH de la Comunidad Europea hizo a su esposo para expresar su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el canciller le dijo al visitante que si éste le contaba cómo hacían los ingleses para sacar información a los prisioneros nazis, él le aseguraba que las autoridades uruguayas harían exactamente lo mismo. La sinceridad brutal de tal reconocimiento no exime de culpa a quien lo formula; y resulta sorprendente que alguien profundamente religioso como el ex canciller haga suya la máxima de que el fin justifica los medios.

Si de lo que se trataba era de obtener información para desarticular las organizaciones opositoras, y para ello el camino más expeditivo era infligir tormentos a los detenidos para obligarlos a confesar y delatar a sus compañeros, era menester tolerar los excesos pues estaban plenamente justificados.

Una lógica perversa y por esencia anticristiana sirve de respaldo a las vesanías más atroces.

De todos modos, estos pulcros doctores jamás se encargaron de aplicar la picana ni el tacho a nadie; como es habitual, otros se ocupaban del trabajo sucio. *