¿La soberbia quedó atrás?

Finalmente ayer el ministro de Economía entregó parte del proyecto de ley con nuevas normas para la actividad bancaria, algunas de las cuales tendrán –de aprobarse el mismo– carácter permanente, con una novedosa normativa para el sistema financiero. Veintinueve carillas escritas con un intrincado lenguaje técnico que ahora comenzarán a ser analizadas por el Parlamento.

La primera parte establece la creación de una serie de normas bancocentralistas, que le otorgarían a esa entidad potestades para actuar de manera más severa ante los distintos actores del sistema, incluyendo a los bancos estatales que hasta el momento funcionan sin ese tipo de control.

Hasta el momento parece que la dirección del proyecto es atinada, más allá de que se realizó entre las cuatro paredes del Ministerio de Economía, sin una participación técnica proveniente de otros sectores.

El proyecto intenta crear mecanismos suficientemente aptos para permitir que la entidad rectora del sistema pueda, por su propia decisión, basada en elementos exclusivamente técnicos, liquidar instituciones que no puedan sostenerse actuando con normalidad en el mercado o que tengan una operatividad contraria a los intereses del país.

Sobre esta parte del proyecto, los legisladores consultados que estuvieron presentes en la reunión con Atchugarry, han afirmado casi por unanimidad, que para brindar su opinión es necesario estudiar a fondo el articulado. Esa actitud muestra la aparición de una dialéctica distinta. Parecería que ya no tiene vigencia el «brazo de yeso», y el normal funcionamiento legislativo reasume su papel.

Es la primera vez que el gobierno de Batlle presenta un proyecto de ley sin intentar imponerlo sin discusión. Atchugarry, un hombre claramente dialoguista, manifestó que las normas presentadas estarán abiertas a contribuciones de todos los sectores políticos. Evidentemente desapareció la soberbia.

Un cambio de lenguaje, en primera instancia, y también de actitud. Sin embargo, para que ello madurara y se expresara, los uruguayos debimos perder casi 1.100 millones de dólares, producto de la demencial contribución decidida por el anterior ministro de Economía destinada a salvar un sistema financiero que, al producirse la «corrida» de los llamados depositantes no residentes, se había reducido en un 50 por ciento.

Por supuesto que nadie es optimista en torno a esas pérdidas. El Estado uruguayo en casi ninguna oportunidad recuperó un solo peso de los aportes entregados a la banca, la eterna privilegiada, que fue asistida una y otra vez cuando sus negocios fueron ruinosos.

Es correcto, entonces, que se aprueben normas que puedan establecer controles más severos sobre el sistema financiero. El Banco Central deberá dejar de ser una entidad burocrática e ineficiante, para comenzar a colaborar con el país, ajustando el sistema financiero para que cumpla en el país un papel positivo. No es posible que sigamos tolerando que algunas instituciones extranjeras actúen como «aspiradora» de los escasos recursos que existen, para trasladarlos a sus casas matrices en el exterior.

Este proyecto puede ser un primer paso, quizás todavía insuficiente, para intentar poner las cosas en su lugar, logrando finalmente que se restablezca en crédito.

Para ello habrá que quebrar el inadmisible mecanismo actual. *