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Al Poder Ejecutivo, que ya ha resuelto no dar curso al pedido de extradición de terroristas de estado uruguayos cursado por la Justicia argentina.

Una vez más, uno de los Poderes del Estado, el Ejecutivo, se arroga funciones jurisdiccionales propias de otro Poder. La semana pasada violentó groseramente la decisión judicial que negaba la extradición de Lariz Iriondo: al expulsarlo, el Presidente concedió de hecho lo que la Justicia había negado. Hoy, ningunea nuevamente al Poder Judicial y se adelanta a decidir por sí sobre el exhorto argentino, sin dar intervención a la Justicia.

Estamos ante una grosera y peligrosa violación del principio de separación de los Poderes. *