Argumentos impresentables para la expulsión

La reciente expulsión de un ciudadano vasco resuelta por el Poder Ejecutivo –inmediatamente después que un magistrado no hiciera lugar al pedido de extradición y decretara su libertad– implica el desconocimiento de toda una tradición en materia de asilo.

Uruguay se caracterizó desde principios del siglo pasado por ser un país receptor de extranjeros. Pero no solo de inmigrantes que buscaban mejores horizontes para su desarrollo personal, sino también de aquellos que normalmente son considerados delincuentes políticos, es decir de militantes de partidos proscriptos que apelan a medios ilegales para lograr determinados fines políticos; personas que en su lucha por un ideal pueden cometer delitos comunes y que se hacían acreedores a la saña represiva de los gobiernos.

Por aquellos tiempos (y hasta bastantes años después), era sobre los anarquistas que se descargaba todo el odio y la intolerancia; los ácratas encarnaban el mal y eran sistemáticamente perseguidos. Don José Batlle y Ordóñez, un gobernante con talla de estadista, fue pionero en materia de brindar generosa hospitalidad a aquellos luchadores en cuyas patrias no podían esperar otra cosa que la cárcel, la tortura y la muerte.

A partir de entonces, nuestro país fue refugio y albergue para los perseguidos políticos de todas las latitudes sin importar su signo ideológico.

No deja de sorprender que cien años después, un descendiente de aquel presidente visionario, perteneciente al mismo partido, haya borrado de un plumazo una tradición de la que legítimamente nos enorgullecíamos.

Y no menos sorprendente ha sido la justificación que de la medida ha hecho el cofirmante del decreto, el ministro del Interior Guillermo Stirling.

El escribano Stirling fundamenta la expulsión de Lariz Iriondo sentenciando –inspirado tal vez en George Bush– que «o se está contra el terrorismo o se está con el terrorismo», con lo cual pretende desautorizar la decisión de la Justicia. Para el dirigente forista, quienes protestan por el decreto es porque no están informados (Chifflet, Magurno, etcétera son unos ignorantes), y como argumento concluyente, explica que el pedido de extradición fue cursado por un juez prestigioso como Baltasar Garzón, el mismo que había solicitado la captura de Pinochet. Habría que preguntarle al escribano Stirling si en caso de que el juez que entiende en la causa no fuera tan conocido como Garzón, el Poder Ejecutivo uruguayo habría respetado el fallo de la jueza Aída Vera. Y también habría que preguntarle qué circunstancia tan particular motivó el vuelco en la opinión sobre Garzón y la extradición de Pinochet. Decimos esto porque fue notoria la posición contraria a Garzón y a su pedido internacional de captura para juzgar a Pinochet que mantuvo el líder del sector donde milita el escribano Stirling.

¿Habrá que concluir que si se trata de juzgar a un presunto integrante de ETA, el juez Garzón se reviste de una aureola de prestigio; y que, por el contrario, cuando se trata de un terrorista de Estado, el mismo juez está equivocado?

Un poco de coherencia no vendría nada mal. *