Ancap: otro plebiscito en defensa de la nación

Los últimos datos brindados por la Comisión de Defensa de Ancap (CDA), de los que damos cuenta en nuestra edición de ayer, son alentadores. De mantenerse el ritmo actual de recolección de firmas –de un promedio diario de casi siete mil–, se superará ampliamente el número exigido para habilitar el plebiscito.

Si bien es cierto que técnicamente no se trata de una privatización lisa y llana, ya que no se ha puesto a la venta la empresa petrolera estatal, la norma que el referéndum pretende impugnar habilita su asociación con privados en condiciones tales que podría significar la desaparición del ente.

Los resultados de la investigación parlamentaria sobre los negocios emprendidos por Ancap en Argentina son suficientemente elocuentes y significan un precedente nefasto; deben llamar a reflexión a propósito de las supuestas ventajas de la asociación con empresas privadas.

Al mismo tiempo, hay suficiente experiencia respecto de que la libre competencia –uno de los postulados más caros del liberalismo– no implica automática y necesariamente beneficios al usuario y puede incluso desembocar en un monopolio de hecho. Y –como bien lo han señalado economistas de todas las tiendas, aun de aquellas que bregan por reducir el Estado– un monopolio en manos de particulares suele ser mucho más nocivo para la sociedad que uno público.

Los partidarios de la privatización hacen hincapié en la ineficiencia del Estado como administrador y empresario, y en que los costos de los servicios o bienes que produce están inflados y redundan en tarifas exorbitantes. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la privatización, antes que corregir esos vicios innegables, los ha profundizado, con el agravante de que por regla general el administrador privado es irresponsable hacia los usuarios.

Como con claridad afirman James Petras y Steve Vieux en su ensayo Las trampas de la privatización, «el proceso privatizador relega a los organismos y movimientos sociales a roles marginales (y) está casi siempre asociado con la desnacionalización de la economía». Ante esta realidad, ¿qué garantías hay de que la asociación de Ancap con empresarios privados –en la que la empresa pública quedaría como socio minoritario– sea beneficiosa para la sociedad uruguaya?

Pero hay más. Dicen Petras y Vieux: «Las industrias privatizadas desplazaron a los productores locales y exacerbaron la desocupación en vez de proveer más empleos», con lo cual se echa por tierra el argumento de que la privatización es la mejor manera de combatir el desempleo.

Los vicios de las empresas públicas pueden corregirse si hay voluntad política para hacerlo. En cambio, el afán de lucro que inevitablemente es lo que mueve a todo empresario privado no puede ser nunca objeto de control ni de corrección. Hay ciertas áreas estratégicas de la economía así como servicios esenciales para la sociedad que el Estado no puede delegar en manos de particulares sino que debe controlarlos directamente como única forma de preservar la existencia misma de la nación. *