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Ese decreto no sólo quiebra una rica tradición del país sino que además mancilla la memoria de don José Batlle y Ordóñez, un estadista que se distinguió –entre otras cosas– por haber brindado generoso asilo a quienes eran perseguidos por sus ideas y por sus actos.

Pero el decreto en cuestión supone también un grosero desconocimiento a la Justicia, pues en los hechos decidió lo contrario de lo que ésta había dispuesto. *