El imprescindible diálogo

En pocas horas se sabrá cuál será la solución que el gobierno dará a los cuatro bancos suspendidos. Todo parece que se aplicará un criterio muy parecido al establecido en los acuerdos con los organismos internacionales de crédito. Las instituciones serán finalmente liquidadas, sintetizándose algunas potencialidades de las mismas, en crear lo que se llama ahora el «minibanco».

Sin embargo, si no existe una capitalización cierta, ¿cómo funcionará esa nueva institución? Con esa resolución, cargada de ingredientes políticos, ¿no se caminará hacia una nueva crisis del sistema? Sabemos que tras estas instituciones suspendidas está el trabajo de miles de trabajadores bancarios y, por supuesto, el dinero atrapado de miles y miles de ahorristas. Por ello, esperamos que la resolución final sea meditada, midiendo sus consecuencias sociales, pero además destinada a apuntalar al país y no, como es el proceder de los últimos tiempos, fruto de la improvisación y de la irresponsabilidad, destinada a «salir del paso» sin pensar en el futuro inmediato.

Las autoridades económicas mantienen silencio, esperándose para el martes un proyecto de ley que aclararía la situación y, fundamentalmente, daría cuenta de las elucubraciones que se realizan al más alto nivel. Una decisión equivocada, que no tome en cuenta todos los aspectos del problema, sería trágica. Especialmente cuando es evidente que el país se encuentra en una situación límite, que lo lleva a la imposibilidad de resistir un mayor deterioro de la economía.

Cuando ese neoliberalismo globalizador hizo volar en pedazos la economía argentina, la crisis de nuestro sistema financiero era la conclusión lógica. Ante la «corrida», sin embargo, el gobierno en lugar de buscar soluciones tratando de reestructurar el sistema de manera ordenada, intentó resistir. Claro, sus esfuerzos fueron inútiles, pese a que hipotecó al país acrecentando la deuda externa, vació al Banco Central de sus reservas y cuestionó el futuro utilizando, por razones «graves y urgentes», más de 400 millones de dólares recaudados por la DGI y el BPS. Ello determinó un default interno con los proveedores del Estado y anuncios, luego desmentidos, de dificultades para pagar sueldos y jubilaciones.

Este mismo gobierno, con un Presidente afiliado a la tesis del neoliberalismo globalizador, es el que tiene que adoptar medidas sobre los bancos suspendidos. Por suerte algunos de sus integrantes han demostrado responsabilidad y buscan un acuerdo político por el camino del diálogo.

Lo que es imprescindible. *