Los malos negocios de Ancap en Argentina

Se ha difundido el resultado de la Comisión Investigadora Parlamentaria Sobre los Negocios de Ancap en Argentina, así como un proyecto de resolución del Senado en torno al asunto.

El Informe de la Comisión permite internarse en una especie de relato de finanzas-ficción, de emprendimientos descabellados y de expresiones de ineptitud alarmante para el manejo de los bienes y los negocios públicos.

No obstante los trabajos de investigación realizados, los testimonios y documentos examinados, la Comisión Investigadora del Senado declara mantener dudas importantes sobre siete cuestiones que son claves para entender la lógica puesta en práctica por las autoridades uruguayas en los desastrosos emprendimientos desarrollados en Argentina.

Las pérdidas acumuladas en perjuicio del ente petrolero uruguayo escalan cuantías difíciles de imaginar. En el informe se estiman muy por encima de los 100 millones de dólares. Se adelanta, a la vez, que se siguen produciendo erogaciones.

Este verdadero festival del despilfarro se ha realizado durante la administración del anterior Directorio de Ancap y durante el ejercicio de la anterior administración nacional presidida por el doctor Julio María Sanguinetti.

¿Cómo se llegó a este catastrófico despilfarro? ¿Qué cuota de «error humano» y cuánto de actitudes deshonestas?

En el proyecto de resolución difundido, la Comisión Investigadora propone que el Senado le pase a la Justicia: en un punto central de las conclusiones del Informe, la Investigadora sostiene «el alto costo de la aventura, la falta de racionalidad de algunas de las decisiones tomadas, la poca diligencia en la defensa de los bienes estatales, impulsan a esta Comisión a solicitar la remisión de su trabajo a la Justicia, a efectos que el órgano jurisdiccional competente analice y determine la existencia o no de conductas que configuran algunos de los delitos contra la administración pública u otros ilícitos previstos en nuestro Código Penal».

El problema de la falta de contralor, que ya ha motivado una honda preocupación en lo referido a las obligaciones del Banco Central con relación a la operativa de los bancos, es motivo también de una preocupación que va más allá de esta contingencia: todo el proceso desnuda la falta de controles reales existentes en nuestra legislación para emprendimientos de este tipo (con Socimer, con Solpetróleo, etc.)el ejemplo de los negocios de Ancap en Argentina debe hacernos tomar conciencia del importante monto que pueden alcanzar estos asuntos (…) Para la gestión de estas empresas en las que invierte el sector público se designan directores sin venia parlamentaria, en ellas se desarrolla una gestión de la cual apenas si se rinde cuentas y en estas condiciones los resultados no pueden ser buenos, o si lo son, es por milagro».

Finalmente el Informe de la Comisión Investigadora consigna otra constatación especialmente grave. Refiere a la actitud de engaño desarrollada por algunas autoridades de Ancap con relación a algunos pedidos de informes formulados desde el Parlamento: «De los informes analizados surge claramente que el Directorio de Ancap elevó al Parlamento respuestas a pedidos de informes en los que no declaraba la verdad acerca de las pérdidas sufridas por las inversiones en la República Argentina. Ello constituye un gravísimo hecho de violación de disposiciones constitucionales, y que puede también implicar otras responsabilidades vinculadas con el deber de decir la verdad en documentos oficiales».

El asunto como se ve contiene una buena cantidad de cuestiones a examinar por el Parlamento, y también por la opinión pública. *